El líder popular, tras conocer el informe del Tribunal de Cuentas que "ratifica las denuncias presentadas por el PP en el 'caso Atocha'" (denuncias sobre presuntas irregularidades en las obras que realiza la Administración regional), anunció que solicitará un "juicio de cuentas para que los responsable directos e indirectos de las irregularidades en las contrataciones de la CAM respondan con sus patrimonios personales de los perjuicios causados a los caudales públicos".

Según los datos del PP, el posible perjuicio patrimonial ascendería a unos 500 millones de pesetas, que es la suma de los acopios inexistentes pagados, cuya recuperación no se ha justificado (unos 306 millones), y los acopios pagados cuya recuperación no se ha justificado (cerca de 252 millones).

Ruiz-Gallardón, que recordó queentre enero y marzo de 1993 la Cámara regional creó una comisión de investigación sobre este asunto, que no encontró responsabilidades políticas, explicó que un año después se demuestra que "teníamos razón" y que el método de contrataciones de la CAM es un "ejemplo de favoritismo y oscurantismo".

Añadió que Leguina, a pesar de que suele ir de "abanderado de la ética", tiene responsabilidad en este asunto, porque además de obstruir la labor del Tribunal de Cuentas, que denuncia que ha habido ocultaciónde datos, su Gobierno ofrece "un bajo índice de eficacia", por lo que le solicita que "rinda cuentas ante los ciudadanos".

Con el fin de aclarar las contrataciones de la CAM, Ruiz-Gallardón pidió que la dirección federal del PSOE intervenga para que solicite a Leguina que aclare las cuentas. "El PSOE debe exigir ética a sus militantes con responsabilidades de Gobierno", aclaró.

El informe del Tribunal de Cuentas sobre la contratación de la CAM en 1990 ha detectado, según el PP, que todos los contatos analizados (60) contienen anomalías, en total 307 irregularidades.

"Esto confirma las denuncias del PP en el caso Atocha, del que se han analizado 12 contratos, pero el Tribunal va más allá, porque demuestra que las irregularidades se dan en las contrataciones de todas las consejerías", explicó Manuel Cobo, secretario del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid.