En opinión del prtavoz popular en la Comisión de Presupuestos del Senado, Francisco Utrera, el Ministerio de Economía y Hacienda "está practicando una política de aceleración de ingresos por parte del Estado para hacer caja lo más rápidamente posible, sin tener en cuenta que las devoluciones, y máxime si van acompañadas de retrasos injustificados, tienen un coste muy elevado para los contribuyentes que han anticipado unas cuotas tributarias excesivas, y para la propia Administración, que tiene que gestionar varios millone de declaraciones con derecho a devolución".

En este sentido, el senador popular ha criticado el aplazamiento al año próximo de casi 200.000 millones de pesetas de devoluciones del IRPF correspondientes a este ejercicio y que los contribuyentes deberían percibir en los meses que restan de este año.

Utrera señaló que desde 1985 a 1993, el número de contribuyentes con derecho a devolución ha pasado de 3 millones a 8,2 millones. Otro tanto ocurre con la cuantía de las devoluciones, que representó alo menos de 100.000 millones de pesetas en 1985 y que superará los 720.000 millones en 1993.

El portavoz popular afirmó que estos crecimientos "no son casuales, sino motivados por la necesidad de financiación del Gobierno. En las dos últimas campañas han arrojado unos resultados paradójicos, dado que las cantidades a devolver han superado las cuotas a ingresar por los contribuyentes con declaraciones positivas".

En opinión de Francisco Utrera, "estamos asistiendo a una práctica viciosa del Gobiern en un doble sentido. Por una lado, se aumenta la cuantía de las devoluciones año tras año, mediante unas tablas de retención excesivas y, en segundo lugar, se trasladan gran parte de los efectos presupuestarios de estas devoluciones a los ejercicios siguientes en un intento de contabilizar un déficit público menor en términos de caja".

El responsable popular en el Senado para temas de presupuestos ha pedido, por último, que el Gobierno clarifique la práctica de retenciones y otros pagos a cuenta del RPF para que se reduzca el número de contribuyentes con derecho a devolución y que, en todo caso, se realicen las devoluciones en el mismo ejercicio en que se ha declarado el impuesto.