"Aquí se ofertó", agregó, "que viniera la agencia, pero como España es el Estado miembrode la CE más pobre en políticas medioambientales lo tenemos muy duro, según ha dicho el propio comisario europeo, Ripa di Meana".

El secretario de Estado para las Comunidades Europeas, Carlos Westendorp, explicará mañana, jueves, a petición del PP, ante la Comisión Mixta para las Comunidades Europeas del Congreso de los Diputados, las gestiones que está realizando el Ejecutivo para que, finalmente, este organismo se instale en Madrid.

Para Blas Camacho, la instalación de la Agencia de Medio Ambiete en la capital española, que podría quedar ubicada en el Retiro ocupando una extensión de 5.000 metros cuadrados, "podría incidir en la mejora de la política medioambiental".

OFICINA DE MARCAS

Por otra parte, Westendorp también contestará a otra pregunta formulada por el diputado popular sobre los trámites que el Gobierno está realizando para que la Oficina Comunitaria de Marcas tenga su sede en Madrid.

"El 27 de marzo de 1987", aseguró, "se presentó oficialmente la petición para que esta ofiina se instalara en España y en junio de ese mismo año el Congreso hizo una declaración institucional en este mismo sentido, que fue respaldada por toda la Cámara".

Blas Camacho recordó que el resto de ciudades que han realizado la misma solicitud, Londres, Münich, Luxemburgo y La Haya, ya tienen asignadas sedes de órganos o instituciones, como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, la Oficina Europea de Patentes o el Tribunal de Justicia.

Según el diputado del PP, "si partimos Europa pr el centro con una raya, al norte están todas las sedes de órganos e instituciones y al sur no hay ni una sola".

Asimismo, resaltó que la petición de nuestro país es respaldada por Italia, Grecia, Portugal y todos los países del sur de Europa y acusó al gabinete socialista de "estar bloqueado" y no tener interés en que la oficina se instale en Madrid.

A su juicio, esta iniciativa podría propiciar la instalación en la comunidad madrileña de 5.000 funcionarios procedentes de toda Europa y una factración anual cercana a los 1.000 marcos (unos 60.000 millones de pesetas).