El 10 de marzo de 1989, el Consejo de Ministros acordó conceder al Gobiern venezolano un crédito con cargo a los FAD por importe de 50 millones de pesetas, destinado a la compra de azúcar, operación que fue adjudicada a FOCOEX.

Según el PP, para la aprobación del crédito tanto el secretario de Estado de Comercio Exterior como el ministro de Comercio y Turismo esgrimieron razones de urgencia motivadas por la situación originada en Venezuela tras los sucesos iniciados en febrero de 1989, conocidos por el nombre del "Caracazo" (intento de golpe de Estado contra el Gobierno de arlos Andrés Pérez).

El crédito, que tenía un interés el 5 por ciento y un plazo de amortización de 2 años, estaba destinado a la adquisición de 350.000 toneladas de azúcar (230.000 en crudo y 120.000 refinadas).

Sin embargo, siempre según la versión de los populares, la operación comercial fue denunciada por distintos parlamentarios del país sudamericano, quienes denunciaron la existencia de un elevado sobreprecio que había causado perjuicios para su país.

Estos hechos provocaron que el Paramento de Venezuela no aprobara la Ley de Crédito del Convenio de Cooperación, que, por un importe de 3.000 millones de dólares, fue firmado con Venezuela el 7 de junio de 1990. Desde entonces las relaciones comerciales entre España y Venezuela se deterioraron "de forma drástica, causando un grave perjuicio para muchas empresas españolas", asegura el PP.

PAISES NECESITADOS

Asimismo, el PP ha utilizado esta compleja operación para cuestionar los principios que inspiran la política de cooperación con n país como Venezuela, que no es "desde luego de los países más necesitados y pobres el continente americano".

El Grupo Popular en la Cámara Baja ha presentado una interpelación urgente al Gobierno para que explique las medidas de política general que ha adoptado para esclarecer las circunstancias que rodearon la concesión del crédito, así como los principios que aplica en la política de cooperación y ayuda al desarrollo con Venezuela.

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Loyola de Palacio,quien junto con el diputado Rafael Hernando presentaron en rueda de prensa esta iniciativa parlamentaria, subrayó que el "Caracazo" fue el pretexto del "pelotazo", que sirvió para que algunos intermediarios, entre los que podría figurar el empresario Enrique Sarasola, sacaran partido de la operación.

Por su parte, Hernando recalcó que su partido todavía desconoce con exactitud quién se ha beneficiado del sobreprecio establecido y que por este motivo ha solicitado al Gobierno el expediente completo de a operación, con el fin de saber a quién se ha pagado ese sobreprecio y quiénes han sido los comisionistas.