En concreto, el parlamentario popular denunció hoy, en rueda de prensa, que más de 20.000 contratados laborales pasarán a ser funcionarios, a través de oposiciones "amañadas", motivo por el cual el PP estudia la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Según Núñez, para convertir en funcionarios a un total de 20.435 personas que cuentan en la actualidad con un contrato laboral en la Administración el Gobierno etá convocando unas pruebas de acceso a la función pública que conculcan los tres principios básicos que rigen en el derecho: la igualdad, el mérito y la capacidad, y la reserva de ley para su regulación.

El diputado del PP aseguró que en todas las convocatorias para "funcionarizar" a laborales se otorgan ventajas exageradas (participación restringida en un único turno, reserva de destino, ínfimo nivel de exigencia de conocimientos) al personal laboral contratado irregularmente por distintos ministerio y sus organismos autónomos para desempeñar puestos que, según la propia Constitución, sólo pueden ser ocupados por funcionarios.

"Con este sistema de 'funcionarización' esperpéntico y discriminatorio", precisó, "el Gobierno pretende subsanar los defectos de una contratación irregular en su origen y 'funcionarizar' por un procedimiento selectivo que recuerda a los exámenes patrióticos, a unas cuantas personas que ingresaron a dedo en la Administración, sin otros méritos, salvo muy contadas excepciones que la afinidad política".

ANTECEDENTES

Para argumentar su denuncia, Núñez explicó que desde 1984 los gobiernos socialistas dieron un giro radical a su política de personal, al contratar de forma "generalmente irregular" gran cantidad de personal laboral para desempeñar todo tipo de puestos de trabajo dentro de la Administración pública.

Este hecho fue consecuencia de la autorización que el artículo 15 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública confería al Ministerio de la Presdencia -hoy Ministerio para las Administraciones Públicas-, que en razón de dicha habilitación podía determinar cuáles debían ser los puestos que quedaran reservados a funcionarios públicos y cuáles podían ser adjudicados a los contratados laborales.

El portavoz popular estima que este precepto fue declarado inconstitucional en una sentencia de 1987, que, a su juicio, estableció dos directrices para preservar el modelo estatutario de la función pública.

La primera de ellas es que la función públia esté servida como regla general por funcionarios y, excepcionalmente por quienes no tengan tal condición, mientras que la segunda alude a que en los casos excepcionales en los que determinados puestos de trabajo puedan ser desempeñados por personal no funcionario esto debe quedar expresamente establecido por una ley estatal.

El Grupo Popular del Congreso presentará una interpelación al Gobierno para preguntar por las medidas que va a adoptar para subsanar las que considera irregularidades en la "funionarización" de laborales.

Igualmente, tampoco descarta reclamar, en la moción subsiguiente a la interpelación, que queden en suspenso las oposiciones convocadas y que en las oposiciones libres para el acceso a los cuerpos de funcionarios se establezca un turno restringido de acceso para el personal laboral que se encuentre en posesión de la titulación académica exigida y supere las pruebas correspondientes.