El PP, que criticó la "desidia" e "ineficiacia" de este organismo, basó sus acusaciones en un informe de la Sindicatura de Cuentas. Curto indicó que en esos cinco años la Generalitat concedió un total de 17.764 millones en préstamos, de los cuales 2.724 no podrán ser recuperados, lo mismo que ocurrió con otros más de 400 millones en avales.

A pesr de que el estudio realizado por la Sindicatura de Cuentas señala que el índice de morosidad es del 6 por ciento, en opinión de los populares este porcentaje no es correcto, porque toma como válidos los 1.000 millones consignados por las empresas como provisión de fondos y que no pueden ser recobrados por el ICF.

Los préstamos fallidos por morosidad, según Curto, suman 965,8 millones, mientras que en fase de ejecución judicial se encuentran otros 1.758 millones. En cuanto a los avales otorgados, hay 80 millones en la misma situación.

El portavoz del PP catalán aseguró que actualmente están en vigor créditos por valor de 2.900 millones de pesetas, muchos de los cuales representan "gravísimas deficiencias" y que podrían llegar a los 5.000 millones a finales de año.

Josep Curto denunció también la concesión de otros 6 créditos por parte de Tesorería por un valor de 450 millones de pesetas sin la autorización previa del Gobierno de la Generalitat, que se encuentran en situación de morosidad o enejecución judicial y que corresponden a las empresas Iada (110 millones), Bohemia Joguines (40), Cervemática (100), Companyia Equips per a Oficines (50) y Edificaciones y Alquileres Balaguer (100 millones).

El dirigente popular añadió que muchos de estos créditos se otorgaron con el informe favorable del Gobierno autonómico, pero con la opinión desfavorable del Instituto Catalán de Finanzas, sin haberse constituido la garantía hipotecaria o sin haberse tasado las propiedades hipotecadas.

Curto puo como ejemplo la concesión de un crédito de 40 millones de pesetas en 1990 a la empresa Frihcum SA, que estaba "cerrada y con los directivos desaparecidos".

El portavoz del PP explicó que, en el caso de que se compruebe que entre las empresas beneficiarias de dichos créditos o avales hay algunas relacionadas con CiU o "de grupos familiares vinculados al poder", solicitará la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Cataluña.

Asimismo, el PP pedirá la comparecencia del consejro de Economía y Finanzas, Macià Alavedra, en el Parlamento autonómico, para que explique las presuntas irregularidades en dichas concesiones.