De Palacio decidió retirar la pregunta ante la ausencia del presidente del Gobierno -afectado por una gripe-, aunque con anterioridad aludió a la "descoordinación" y los "enfrentamientos" vividos en el seno del Gobierno por la remisión del anteproyecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Explicó que el propósito de la ley era el de establecer un "blindaje de privilegios vitalicios, no sólo a los actualmente aforados, sino también a los secretario de Estado" y señaló que es indispensable que sea el presidente del Gobierno quien dé a conocer los criterios de su Gabinete en relación con este asunto.

De Palacio hizo constar su protesta por la ausencia de Felipe González y por el hecho de que no hubiera pedido un aplazamiento para contestar a la pregunta que le formuló.

Por su parte, el presidente del Congreso, Félix Pons, terció para recordar a la diputada que las iniciativas retiradas, después de haber sido argumentadas o defendidas, dan deecho a un turno de réplica, por lo que concedió la palabra al viepresidente del Ejecutivo, ante las muestras de desaprobación de la portavoz del PP.

Serra intervino desde su escaño para poner al descubierto las razones de fondo que, a su juicio, motivaron la retirada de la pregunta. "Se han dado cuenta del error cometido", agregó, "queriendo poner en un apuro al Gobierno respecto del envío de ese proyecto de ley al Consejo del Poder Judicial".

BENEFICIAR A LOS ENCARCELADOS

Subrayó que mientras l Gobierno ha reconocido el error y ha retirado el proyecto, el PP es incapaz de una actitud similar y sus dirigentes han lanzado acusaciones de que se querían alterar las reglas del juego para beneficiar a los que ahora están en la cárcel.

Antes de la polémica suscitada con Loyola de Palacio, Serra respondió a otra pregunta del diputado de Izquierda Unida (IU) Rafael Ribó, también sobre el anteproyecto de ley del Gobierno.

Serra reiteró que el borrador remitido al Poder Judicial no ha sido debatdo por el Consejo de Ministros, aunque anunció que cuando el Gobierno fije sus criterios y establezca la redacción definitiva todo el Gabinete compartirá los criterios y la redacción del anteproyecto.

La respuesta del vicepresidente no satisfizo al parlamentario de IU, quien aseguró que, según sus informaciones, el anteproyecto había estado presente en tres reuniones de Consejo de Ministros y que, por las declaraciones públicas de diversos miembros del Gobierno, "está clarísimo que estamos ante un cas de descoordinación".

Puso de relieve que extender el privilegio del aforamiento va en contra de todas las tendencias modernas de derecho constitucional y acusó al Gobierno de presentar esta ley con argumentos y motivos partidistas, citando el caso concreto del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera.

"Creo que es un ejercicio de cinismo que ahora se escuden en una descoordinación entre un ministerio y el resto del Gobierno, cuando ustedes inauguraron una legislatura hablando del imulso democrático", indicó.

Por su parte, Serra replicó que no ha habido descoordinación en el Gobierno y subrayó que ser juzgado por el Tribunal Supremo no puede considerarse como un privilegio o una impunidad.

"Nadie puede defender jurídicamente que de una ley administrativa como ésta, pueda derivarse la más mínima retroactividad. Por eso han utilizado este tema para descalificar al Gobierno, pero cuando se hace sobre el supuesto de que el Tribunal Supremo es menos justo se está atacando tambiéna las instituciones y esto es inaceptable", concluyó.