Cándido Conde-Pumpido compareció en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar la aplicación de la ley en las penas por terrorismo.

Pese a sus explicaciones, Astarloa aseguró que queda sin responder la cuestión clave de por qué la Fiscalía General "ha cambiado" el criterio de aplicación de esa ley. "O no ha dado usted una" en la lucha contra el terrorismo, dijo, "o las ha dado todas en la misma dirección".

Astarloa denunció que tuvo que ser el Tribunal Supremo el que hiciera justicia material al sentenciar que las reducciones de condena en las acumulaciones por terrorismo tienen que aplicarse sobre cada una de las penas, para asegurar el cumplimiento de treinta años en prisión.

Lo hizo, insistió, "en contra de lo que ustedes han pedido" y siguiendo con el esfuerzo desplegado anteriormente por la Audiencia Nacional. "El único que no ha hecho ese esfuerzo es usted", dijo Astarloa al fiscal.

Astarloa sentenció que los hechos indican que, bajo la autoridad del fiscal general, "el Estado de Derecho, de forma innecesaria, se está diluyendo". "No ha hecho lo que tenía que hacer", le reprochó, para evitar que Batasuna tuviera "otro rostro" en las instituciones y para evitar excarcelaciones "anticipadas" de terroristas con penas muy graves.

Reiteró su tesis de que el fiscal es "parte muy singular" de un juego "de intereses políticos y partidistas" al que obedece la política antiterrorista del Gobierno y que persigue, en último término, "sustituir el escenario de la derrota por el de la negociación".

Le acusó abiertamente de cuestionar mecanismos del Estado de Derecho que funcionaban bien "y a pleno rendimiento", de forma acompasada a la actitud del PSOE, partido al que recriminó que ahora no defiende "lo que dijimos juntos" años atrás para combatir la violencia.

Eso que se decidió conjuntamente, dijo Astarloa, es que un terrorista condenado por matar a decenas de personas no puede salir de prisión después de que cada una de sus víctimas le haya costado sólo unos meses de prisión.

"TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN"

Jordi Jané, de CiU, defendió el cumplimiento "estricto" de la normativa aplicable en cada caso, respetando siempre la irretroactividad de las leyes penales.

Más allá de esa consideración, Jané alertó de que los debates sobre política antiterrorista no son útiles ni eficaces para el fin perseguido, sobre todo si se corre el riesgo de ofrecer a los ciudadanos una imagen de discrepancia entre los partidos.

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, se mostró convencido de que, pese a las explicaciones del fiscal, "algunos seguirán con la teoría del montaje o de la conspiración" sobre una supuesta negociación política con ETA en la que el fiscal general jugaría el papel de "ariete del Gobierno en el poder judicial" para facilitar esa negociación.

En todo caso, celebró la constatación de que el Estado de Derecho "funciona", y se mostró claramente defensor de los principios de proporcionalidad de la pena y reinserción de los presos como ejes de la política penitenciaria.

Margarita Uría, del PNV, dijo con toda claridad que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la ley en esas penas por terrorismo le parece "peligrosa" y alertó de que, incluso, roza la inseguridad jurídica.

Uría denunció que, en su opinión, el mayor problema ahora, más allá de que ETA deje las armas y se acabe el terrorismo, es que distintos sectores políticos consideran que algunos condenados están saliendo a la calle "demasiado pronto", y se ha decidido "construir una teoría" para impedirlo.