El artículo 487 dice textualmente: "Los que, sin alzarse públicamente, intentaren penetrar en las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o deuna Asamblea Legislativa de cualquier comunidad autónoma, para presentar en persona o colectivamente peticiones a los mismos, incurrirán en la pena de prisión de 3 a 5 años. Si no portaren armas ni medios peligrosos, se les impondrá la pena de prisión de 2 a 4 años".

González Pons recordó que el derecho de petición está recogido en la Constitución como un derecho fundamental. "La mayoría de las visitas que se reciben en el Parlamento tienen una legítima petición que hacer a quienes políticamente les rpresentan", agregó.

A juicio del parlamentario del PP, este artículo no tiene ningún sentido, ya que el primer supuesto -entrar en el Parlamento portando armas o medios peligrosos- ya está recogido como delito en el artículo 485 del proyecto. "Es absurdo que una persona sea considerada un delincuente y pueda ir a la cárcel por intentar penetrar pacíficamente en un parlamento para trasladar una petición a los representantes del pueblo", indicó González.

Asimismo, Esteban González Pons se refirió a artículo 486 del proyecto de ley remitido por el Gobierno, que dice textualmente: "Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses los que promovieren, dirigieren o presidieren manifestaciones u otra clase de reuniones al aire libre ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de cualquier comunidad autónoma cuando estuvieren reunidos, alterando su normal funcionamiento".

El senador popular afirmó que en un principio el PP penaba que se trataba de un error en el texto legal, por lo que presentó dos enmiendas de supresión a esos artículos, pero el PSOE y CiU votaron a favor de mantenerlos en la ponencia que trabaja en el proyecto de Código Penal.