Después de un intercambio de cartas entre ambos en los pasados meses y tras un período de tensión política entre ambos gobiernos a causa de la estrategia frente a ETA, el ministro para las Administraciones Públicas, Jesús Posada, y la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, hablaron el pasado día 3 de abril por teléfono y acordaron reunirse mañana.

La cita supone, de hecho, que el Gobierno Vasco ha renunciado a la condición previa que había impuesto de constituir una "comisiónpolítica de alto nivel" para abordar las diferencias surgidas en torno a las competencias.

Una comisión en la que estaría el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, y a la cual se niega el Ejecutivo argumentando que sería discriminatorio respecto a las otras 16 autonomías. En su lugar, el Gobierno defiende que las discusiones deben hacerse en las ponencias técnicas de cada materia y en la Comisión Mixta de Transferencias que mantiene con cada autonomía.

Finalmente, será en este órgano en el que amos ejecutivos dirimirán sus diferencias. El Gobierno Vasco afirma que son 37 las competencias pendientes, pero Posada ya advirtió en una de las cartas, remitida en octubre pasado a Zenarruzabeitia, que el Gobierno central sólo reconoce siete transferencias pendientes.

El Ejecutivo de José María Aznar argumenta que varios traspasos de los que reclama el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe son competencia exclusiva del Gobierno, aunque el Estatuto de Gernika las contemple como propios, y sería inconstitucinal su traspaso. Otras competencias de las 37 reclamadas ya han sido transferidas, añaden las fuentes consultadas.

Así las cosas, el ministro Posada va a ofrecer mañana a la `vicelehendakari` la cesión de políticas activas del INEM -el Gobierno se niega a ceder las pasivas porque eso sería, dice, romper la `Caja Unica` de la Seguridad Social-, Formación Profesional y algunas competencias en Transporte.

Distinto es el caso de la gestión de centros penitenciarios, ya transferida a Cataluña. En el cso vasco, hay que tener en cuenta el problema del terrorismo a la hora de tomar una decisión, según las mismas fuentes gubernamentales.