En declaraciones a la Cadena Ser, Bravo explicó que los "protocolos de actuación" establecen que la puesta en libertad de los reclusos que declaran en los juzgados "se tiene que ejecutar en el centro penitenciario".

Explicó que esto es así "porque el juez no sabe exactamente si (el recluso) tiene alguna otra causa por la que debería continuar preso", por lo que "lo normal" es que después se envíe un escrito a la cárcel, donde, en su caso, se pone en libertad al preso.

Aparentemente, esto no sucedió en el caso de Astrit Bushi, que fue puesto en libertad el 31 de marzo en los juzgados de Alcobendas (Madrid) tras prestar declaración por un robo. Dos policías tomaron esta decisión tras recibir un auto del juez en la que ponía en libertad a este delincuente, que estaba en prisión por la agresión al productor artístico José Luis Moreno.

A este respecto, Gabriela Bravo señaló que el juez de Alcobendas no tenía por qué saber "qué tipo de delincuente" era Bushi, al que había citado por un caso de robo distinto al asalto al domicilio de José Luis Moreno.

Asimismo, la portavoz del CGPJ no quiso pronunciarse sobre si los policías son responsables de la libertad de Bushi. Añadió que el Consejo elaborará en el plazo de un mes un informe para dilucidar si el juez de Alcobendas tuvo alguna responsabilidad en lo sucedido.

Al mismo tiempo, Bravo informó de que Francisco Javier Vieira, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, acudirá este martes al CGPJ para aportar toda la documentación existente sobre el caso de la liberación de Bushi.