Así lo dice expresamente una enmienda transaccional, que parte de la premisa de que la democracia "ha vencido a ese movimiento fascista y totalitario que tiene en el crimen y el chantaje su único lenguaje".

"ETA no ha desaparecido y, desde luego, puede matar y realizar acciones terroristas, pero nadie duda ya de que sus pretensiones nadie las aceptará y nunca serán posibles en nuestra democracia", y la ruptura del alto el fuego "ha demostrado su incapacidad para la aceptación de la política democrática y ha materializado su fracaso histórico".

Dice la enmienda que la lucha antiterrorista debe centrarse en la acción policial, la colaboración internacionaly la unidad democrática. "El principio de que con violencia no es posible la política, debe ser llevado hasta sus últimas consecuencias, porque es un principio ético derivado de la naturaleza misma de la democracia", añade.

Sobre esas bases, señala la unidad de las fuerzas políticas y sociales como condición "necesaria" para la desaparición de la violencia, "es nuestra fuerza y la garantía de su derrota".

"En el final del terrorismo, la unidad es más importante que nunca. Este es el camino que debe llevar a los terroristas al desistimiento y al abandono definitivo de la violencia. Los socialistas queremos comprometernos con esta estrategia y ofrecernos al país, como la fuerza política vertebradora de esta política contra el terrorismo".

Por ello, garantizan que seguirán trabajando por la desarticulación de la organización y por la desaparición de la violencia, y reclaman que la lucha contra ETA sea una "cuestión suprapartidaria".

La enmienda señala también como "indispensable" la promulgación de una nueva Ley de Solidaridad con las Víctimas del terrorismo "que no sólo aborde los ámbitos de asistencia integral a los heridos, familiares y amenazados, sino que aborde aspectos de reparación moral como los homenajes públicos y al mantenimiento de su memoria y de su significado político".

Ese significado, concluye, se expresa en lo que ETA pretende destruir, el Estado de Derecho y los Pactos de Convivencia sustanciados en la Constitución de 1978 y en el Estatuto de Guernica de 1979, "significado político que está reñido con la utilización partidaria de su dolor que siempre hemos rechazado".