El documento fue presentado esta mañana en rueda de prensa por el canario José Manuel Soria y la catalana Alicia Sánchez Camacho, quienes restaron importancia a la ausencia de María San Gil con el argumento de que, pese a no acudir, "comparte al 100%" lo escrito.

Las 25 páginas están divididas en once capítulos, entre los que destaca el destinado a explicar el modelo de estado que defiende el Partido Popular bajo el título "España, gran nación de ciudadanos libres e iguales".

Dos de los puntos de este capítulo afirman rotundamente que "el PNV condena el terrorismo pero, al mismo tiempo, todos sus actos desmienten sus palabras. Su actitud en relación a la lucha antiterrorista es siempre obstruccionista".

"No se puede decir que el PNV es partidario del terrorismo de ETA, pero sí podemos afirmar que no colabora con su derrota", sentencia.

Además, añade expresamente que "la actitud del PNV ha contagiado el resto de nacionalismos que hay en España" y que "el conjunto de nacionalismos coincide en dar entidad a una ofensiva nacionalista y en intensificar un proceso disgregador de la Nación española".

DERROTA DE ETA

La ponencia ratifica que "el PP no descansará hasta que la banda terrorista ETA sea derrotada" y explica que "derrota del terrorismo significa, en un Estado de Derecho, que los terroristas serán detenidos, juzgados y cumplan íntegramente sus condenas en prisión".

"Derrota quiere decir que jamás ningún gobierno autorice negociación alguna con representantes de la organización terrorista ETA y no permita jamás que ningún partido político vuelva a representar a los terroristas en ninguna institución", añade.

Asimismo, reivindica la política antiterrorista desarrollada por el PP en el Gobierno y, en especial, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo suscrito con el PSOE en diciembre de 2000.

Por eso, critica el "abandono" del PSOE en esta materia por haber supuesto "un retroceso democrático al legitimar a la banda como interlocutora política del Gobierno de España".

El PP aduce que "fracasada la negociación política" entre el Ejecutivo de Zapatero y ETA, "se evidencia la necesidad de retomar el camino antes iniciado, cuyos buenos resultados eran conocidos".

En ese sentido, reivindica como "imprescindible" la deslegitimación política del terrorismo, lo que a su juicio debería traducirse "en no permitir jamás que ningún partido político vuelva a representar a los terroristas en ninguna institución".

También pide situar a las víctimas del terrorismo "en el frontispicio de nuestra acción política", por lo que adelanta que "siempre" amparará y acompañará sus "reivindicaciones", porque "la memoria, la dignidad y la justicia serán la guía y los objetivos de nuestro quehacer en este terreno".

REFORMA DE LOS ESTATUTOS

La ponencia define la nación española como "la más antigua de Europa", por ser "fruto de una historia común labrada de manera voluntaria durante más de cinco siglos por todos los españoles".

A partir de aquí, propone como "gran reto" asegurar la igualdad de oportunidades entre ciudadanos, "sin permitir diferencias entre territorios que supongan un obstáculo para la igualdad efectiva".

Por eso, critica las "tensiones introducidas en el modelo territorial durante la pasada legislatura" a través de los estatutos de autonomía, porque "han dañado los principios de igualdad y solidaridad y quebrado el modelo de financiación autonómica".

"Se han resquebrajado los consensos básicos de la Transición porque hay fuerzas políticas empeñadas en romper los fundamentos de nuestra convivencia y el gobierno socialista no ha sabido, o no ha querido, ejercer sus responsabilidades constitucionales", dice.

El PP pide un "estado eficaz y cohesionado", frente a lo que proponen otros partidos, ya que considera que "la España constitucional no es una confederación de naciones ni un Estado federal", sino "una sola nación cuya soberanía corresponde en exclusiva al pueblo español".

PARTIDOS NACIONALISTAS

Además, alerta de que la existencia de partidos nacionalistas en Cataluña y País Vasco, "y en menos medida en Galicia", constituye "un punto de partida para avanzar hacia la meta final de la independencia", en una actitud de "permanente deslealtad al marco autonómico".

Esa capacidad de "arbitraje y desestabilización" del modelo de Estado es inasumible y debe ser corregido, según los populares, con "voluntad política" para aplicar los mecanismos que permiten "poner freno a las políticas disgregadoras" de los nacionalistas.

Las últimas reformas estatutarias son la prueba, según los redactores de la ponencia, de la "reforma encubierta" de la Constitución que han querido hacer esas formaciones políticas, a las que pide contener reforzando la democracia local e impulsando un proceso de descentralización de las comunidades a los municipios y diputaciones provinciales.

La ponencia apela al pacto de estado con el PSOE como la vía para llevar a cabo esos cambios y afirma que "hay materias y cuestiones en las que es imprescindible la existencia de pactos de estado y grandes acuerdos nacionales" con el partido de Zapatero.