Los principales grupos parlamentarios que forman parte de la ponencia expresaron en la reunión celebrada l pasado día 17 una acogida favorable al texto remitido a la Cámara por el Ejecutivo, destacando la conveniencia de que la gestión de estos fondos ocultos sea controlada en todo momento por el Parlamento.

Tan sólo Izquierda Unida (IU) formuló una enmienda -que encontró una escasa receptividad en el resto de los grupos- para evitar que el carácter secreto de los fondos reservados y las limitaciones a su publicidad puedan ser utilizados como freno ante las investigaciones judiciales.

Según el proyeto de ley remitido al Congreso por el Gobierno, la Comisión de Secretos Oficiales será la encargada de controlar el uso de estas partidas y, además, será el órgano que deberá aprobar cualquier ampliación de los créditos destinados a este capítulo.

Los ministros de Interior, Justicia, Defensa y Exteriores tendrán la obligación de comparecer anualmente ante esta comisión para dar cuenta del uso que han hecho de estas cantidades.

El proyecto, que es un compromiso adquirido por Felipe González en el ltimo debate sobre el estado de la Nación, recoge igualmente la creación de un registro especial de patrimonio para los ministros y altos cargos que dispongan de fondos reservados.