La responsable de Ganadería de Asaja, Marta López, expresó su preocupación por lo que está ocurriendo y anunció que su oganización ha pedido al Ministerio de Agricultura que se aumenten todavía más los controles de entrada de los pollos y cerdos procedentes de Bélgica.

Asimismo, explicó a Servimedia que sería conveniente saber el destino de los piensos contaminados para constatar si realmente se han utilizado en explotaciones belgas o también se han comercializado a otros países.

Por su parte, el secretario general de COAG, José Manuel de las Heras, apeló también a un control más estricto de la calidad. "Cada vez enemos que caminar más" señaló, "a hacer una sanidad animal mucho más rigurosa, sin utilizar tantos componentes que hagan que animales y plantas se hagan en tan poco tiempo, no importando qué materias se utilizan para producir".

En este sentido, reclamó la inmovilización inmediata de todos aquellos productos afectados por dioxinas para garantizar la seguridad alimentaria en España y "no bajar la guardia" en todos los controles por posibles imortaciones incontroladas.

En declaraciones a Servimedia De las Heras admitió que este asunto afecta de manera negativa al ganadero y tranquilizó tanto a éste como al consumidor, subrayando que en España no hay ningún problema de este tipo.

Finalmente, Javier López, coordinador de la Plataforma Avícola Estatal de COAG, indicó que se está haciendo de esta situación "un caballo de batalla", al estar generándose una "alarma social" que no es conveniente, porque las producciones españolas no representan ningún riesgo para la salud humana.

"No hay ningún mtivo y por supuesto ningún precedente para que estemos en una situación alarmista, sino todo lo contrario. Es decir: los productos y subproductos en este caso que se están utilizando en la elaboración de piensos para la agricultura y en general para todo tipo de ganadería en España se están utilizando correctamente", aseguró López a Servimedia.

En cualquier caso, secundó al resto de organizaciones agrarias y exigió al Ministerio de Agricultura que refuerce los controles sobre los productos en frontera y que se proceda a la inmovilización preventiva de cualquier partida sospechosa de estar contaminada.