Los organizadores de la jornada recuerdan que cada año decenas de personas llegan de manera clandestina y en absoluta precariedaden el interior de barcos a las costas españolas para huir de guerras, persecuciones, hambrunas y otras situaciones de grave conculcación de los derechos humanos.

Recuerdan además que el artículo 23 de la Ley de Extranjería impide a los polizones la entrada al territorio nacional por carecer de la documentación requerida.

El Reglamento de Extranjería, además, obliga al transportista a hacerse cargo de la persona rechazada en frontera, en este caso, del polizón, y a asumir los gastos derivados de s detención y estancia en un centro de internamiento, hasta el punto de que la autoridad gubernativa puede decretar la inmovilización del medio de transporte hasta el cumplimiento de estas obligaciones.

No obstante, como señala el artículo 54.3 de la Ley de Extranjería, todas estas obligaciones no entrarán en vigor si el polizón solicita asilo en España y se admite a trámite la petición.

INSTRUCCION

También recuerdan que una instrucción de 9 de abril de 2002 de la Delegación del Gobierno para laExtranjería y la Inmigración obliga al capitán del barco a comunicar de manera inmediata a las autoridades españolas la presencia de un polizón y a recoger datos como su nacionalidad, documentación, puerto de embarque.

Según la CEAR y Amnistía Internacional, esta instrucción es el resultado de un proceso en el que no han sido ajenas las denuncias efectuadas por distintas organizaciones no gubernamentales y la intervención de la Oficina del Defensor del Pueblo.

A pesar de que el artículo 22 de la ey de Extranjería establece que los extranjeros tienen el derecho a la asistencia letrada en los procedimientos que puedan concluir con la denegación de su entrada, su devolución o su expulsión del país y en todos los procedimientos de solicitud de asilo, todo depende de si los agentes policiales entienden que el polizón ha expresado su intención de entrar en España o debe presentar una solicitud de asilo.

El principal objetivo de la jornada del día 31 es la formación de especialistas y el intercambiode experiencias entre todas aquellas personas e instituciones implicadas en esta materia.

Entre los participantes en la jornada se encuentran Antonio Lis Darder, director general del Imserso; Enrique Santiago Romero, secretario general de CEAR; Esteban Beltrán Verdes, director de la Sección Española de AI; Cristina Gortázar, profesora de Derecho Internacional Público; Manuel Pérez Gómez, director general de Extranjería del Ministerio del Interior, y Pascual Aguelo, coordinador del área de extranjería el Consejo General de la Abogacía Española.