Hasta esa fecha, la CE había aprobado 147 actos de derecho comunitario bajo el epígrafe "Libre circulación y política social", de un total de 7.426, es decir, el 1,97 por ciento.

"Al tiempo", denuncia el CES, "estamos asistiendo prácticamente al bloqueo de la puesta en práctica del Prograa de Acción Social".

Hasta ahora, la Comunidad ha podido intervenir más fácilmente en determinadas materias sociales, bien porque los tratados de adhesión lo permiten o por la convicción de los gobiernos sobre la necesidad de hacerlo, como, por ejemplo, en lo referente a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, inserción social de los minusválidos o lucha contra la pobreza.

"Sin embargo", se queja el comité, "son extremadamente limitadas y están sujetas a la regla de la unanimidad algunas copetencias fundamentales para la cohesión social, como los sistemas de seguridad social, el derecho del trabajo, las condiciones marco relativas a los convenios colectivos y los inmigrantes extracomunitarios".

En esta situación, la cohesión en la CE está confiada a las normas y a las acciones de carácter económico, como mera consecuencia de la realización del mercado único.

CONDICION PREVIA

"Desde tal punto de vista, una política social evolucionada debe considerarse no como una consecuencia, sio como una condición previa para el desarrollo, especialmente en el ámbito de los derechos sociales, de la formación, de la protección social, de la organización del mercado de trabajo y de las relaciones laborales", indica el CES.

"Un desarrollo avanzado -al menos en Europa- necesita la participación de los interlocutores sociales y la realización del consenso social", subraya la ponencia.

Según la misma, en el transcurso de los 33 años de Mercado Común se ha consolidado una tendencia a la unifiación de los modos de vida y de los comportamientos culturales más rápida y más fuerte que la reducción de las diferencias económicas y sociales. "Esta contradicción -sobre todo cuando es el resultado de una elección política- no puede dejar de producir una situación de conflicto social que retrasa el desarrollo", en opinión del CES.

Además, la falta de cohesión social lleva aparejada una limitación de los derechos políticos y civiles de una "ciudadanía europea" que derive de la unión europea. Así, cae pensar que acusadas diferencias en el grado de protección social pueden tener una atracción irresistible no sólo sobre las categorías menos afortunadas y producir reacciones de defensa y el mantenimiento de obstáculos a la libre circulación y al derecho a elegir libremente un domicilio dentro de la CE.