En este sentido, Maximiliano Corral, portavoz del SUP, dijo a Servimedia que con esta confirmación de la Policía gala "se complica muchísimo el proceso del alto el fuego".

Según Corral, este dato debe llevar a que los contactos con la banda etarra se mantengan "suspendidos", ya que la banda criminal y su entorno tienen que dar "señales claras" de que quieren poner fin a la violencia.

"El Gobierno no puede adoptar medidas políticas con este clima", señaló este portavoz, quien añadió que son los terroristas los que "tienen que dar voluntad inequívoca de que abandonan las armas y, además, definitivamente". "Lo contrario es que quieren seguir haciendo terrorismo y no están convencidos de que no van a dejar esa vía", afirmó.

ENTREGA DE ARMAS

Por su parte, Ignacio López, secretario general de la CEP, afirmó que su sindicato siempre ha tenido claro "que de la banda asesina no nos podemos fiar en absoluto".

López añadió que su colectivo no apoya ninguna negociación con los etarras si no es sólo para "deponer las armas y entregarse a la Justicia", al tiempo que añadió que espera que los responsables antiterroristas "no hayan cesado un ápice en el ánimo de perseguir y detener a estos criminales".

Al mismo tiempo, apuntó que "nuestra esperanza sería que el Gobierno se pusiera en contacto con los terroristas exclusivamente para marcar un calendario de entrega de armas y puesta a disposición de la Justicia"