Así lo pusieron de manifiesto durante su declaración en el inicio del juicio que se celebra contra ellos en la Audiencia Provincial de Madrid por el denominado "caso Bono", conocido así por la agresión que el ex ministro de Defensa dijo haber sufrido durante aquella manifestación de la AVT.

El inspector responsable de la investigación, con número de placa 16.259 y que responde a las siglas J.F., aseguró que los dos militantes del PP, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, "en ningún momento estuvieron detenidos" pese a que se redactaron sendas actas de "declaración de detenidos" y de "puesta en libertad" una vez que abandonaron la comisaría.

Según su versión, no podía detenerse a nadie puesto que "no había agresión" sobre Bono, aunque a tenor de los "empujones", "insultos" e "injurias" contra el entonces ministro, existían "indicios" de la comisión de otros supuestos delitos que había que investigar.

Así, se inició un procedimiento policial por supuesto "atentado hacia la persona del ministro" y por presunta vulneración del derecho de manifestación de Bono, que junto a la eurodiputada socialista Rosa Díaz, tuvo que abandonar la marcha de la AVT.

El agente reconoció ante los magistrados de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid que, como no sabía "si esto era suficiente para practicar detenciones", contactó por teléfono con Isidoro Barrios para solicitarle que acudiese a comisaría a declarar voluntariamente.

Señaló que, ya en sede policial se les tomó declaración a ambos militantes del PP "como imputados", aunque se les explicó que "no estaban detenidos".

No obstante, este agente explicó que ambos militantes tuvieron que firmar una declaración en cuyo encabezamiento aparecía el término "imputado", dado que, añadió, no existen escritos para tomar declaración a "imputados no detenidos".

Más adelante, el abogado de la acusación, Juan Ramón Montero Esteve, sacó a relucir un acta del Cuerpo Nacional de Policía para tomar declaración a imputados no detenidos.

A este respecto, el jefe de la Brigada de Información de Madrid, Rodolfo Ruiz, respondió al letrado del Partido Popular que la Dirección General de la Policía "nunca" ha remitido tal acta a su oficina, pese a que está "obligada" a hacerlo.

UN TRATO "DIGNO DE EXQUISITEZ"

El comisario Ruiz, con número profesional 14.296, no sólo negó que los dos afiliados populares fuesen detenidos formalmente, sino que incluso presumió ante la sala de haber dispensado un trato "exquisito" a Barrios y a De la Cruz durante su estancia en comisaría para tomarles declaración por la supuesta agresión a Bono.

Ruiz se mostró "seguro de que ellos jamás se sintieron detenidos" porque fueron acompañados a comisaría por un coche policial sin distintivos oficiales y porque, ante la presencia de periodistas y fotógrafos a la salida, se les ofreció marcharse en un vehículo secreto para no ser identificados por los medios de comunicación.

El abogado del Estado, José Francisco Javier Sánchez Domínguez, se afanó durante su interrogatorio en demostrar que el trato que recibieron los dos militantes populares no era el propio de personas detenidas, aunque en su declaración figurase como tal.

Ante las preguntas de Sánchez Domínguez, el agente responsable de la inspección destacó que a Barrios y De la Cruz se les recogió en su casa, se concertó con ellos una hora para tomarles declaración, se les permitió acudir con su abogado y varios familiares, deambularon por la comisaría sin custodia, no se les tomaron huellas, no se les hicieron fotografías y no se les retiró el teléfono móvil. "Este no es el trato habitual a un detenido", apostilló.

IDENTIFICACION DE LOS DOS MILITANTES

Los acusados coincidieron en afirmar que la Brigada de Información de Madrid no consiguió identificar a los dos militantes del PP como supuestos autores de una agresión al ministro Bono hasta que el diario "El País" publicó el nombre de Barrios tres días después de la manifestación de la AVT.

Tanto el inspector como el comisario, los dos acusados de un presunto delito de detención ilegal y de falsificación de documentos, señalaron que antes de recibir el citado periódico, estudiaron las fotografías y los vídeos que habían recopilado en las primeras pesquisas, aunque sin poder poner nombre a los rostros de Barrios y De la Cruz.

Las investigaciones se habían centrado en Barrios y De la Cruz porque aparecían con "gestos de agresividad y hostilidad" en todas las imágenes. En concreto, se investigaron dos episodios: uno en el que el brazo de Barrios trata de acercarse bruscamente al ministro y es repelido por sus escoltas, y otro en el que el militante del PP podría intentar agreder a Bono con un palo, y que concluye con el mismo resultado.

Aunque no había pruebas de la agresión, el comisario Ruiz admitió que se había seguido investigando porque "había que darle crédito al ministro". Además, al parecer uno de los escoltas de Bono se quejó en su declaración policial de haber sufrido una agresión durante la manifestación.

Así consta al menos en uno de los documentos, con fecha 22 de enero de 2005, elaborados por la Brigada de Información de Madrid tras las primeras pesquisas. Sin embargo, ese dato no aparece posteriormente en ninguno de los documentos elaborados por el mismo departamento.

Ese hecho llevó al presidente de la Sección 16 de la Audiencia Provincial, Miguel Hidalgo Abia, a interrogar exhaustivamente al inspector, quien señaló que es posible que la denuncia se escribiese con posterioridad al día 22, aunque esté fechado ese día.

Ante la insistencia del magistrado Hidalgo, el agente acabó reconociendo que debería existir un primer impreso en el que no figura la agresión que, según el inspector, "quizá se destruyó" una vez que llegó la notificación de agresión al escolta del ministro.

UN POLICIA CESADO DURANTE LA INVESTIGACION

Cuando el inspector concertó la cita con Barrios y De la Cruz, ordenó a un compañero, jefe del grupo operativo de Laboral y Social y con carné 16.444, que leyese a ambos sus derechos y les tomase declaración. Sin embargo, éste expresó su discrepancia y se negó a acatar la orden, al considerar que eso implicaba detener a ambas personas cuando no había motivo para ello.

Las discrepancias se trasladaron de inmediato al despacho del comisario, que comunicó personalmente al jefe de grupo que iba a proponer su cese al Jefe Superior de Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño.

En su declaración de hoy ante el tribunal, aseguró que la decisión de cesarle estaba tomada "antes de Navidad", aunque se la comunicase en aquel momento, porque tenía pensado llevar a cabo una profunda renovación para mejorar la operatividad de la brigada.

El comisario manifestó que el agente 16.444 estaba "gastado" después de "muchos años" como jefe del grupo operativo de Laboral y Social. En su opinión, ya "no daba el perfil" para ese puesto y, por eso, le habría ofrecido semanas antes el ascenso a una jefatura de sección, que, siempre según su versión, fue rechazado.

El comisario Ruiz negó también que hubiese facilitado algún tipo de información sobre las investigaciones al delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, que horas antes de la supuesta detención ilegal de los dos militantes populares del PP adelantó a los medios de comunicación que iba a practicarse algún tipo de actuación en esa línea.

Finalmente, Ruiz reconoció que, pocas horas antes de que Méndez hiciese esas declaraciones, había mantenido una reunión con él en la Delegación del Gobierno en la que se analizaron los incidentes de la manifestación con varios dirigentes de la AVT. "No le facilité absolutamente nada al delegado del Gobierno", sentenció Ruiz. "Es más, yo me enteré de sus declaraciones por la radio del coche cuando volvía a la oficina".

Mañana miércoles, tendrá lugar la segunda jornada del juicio oral por el denominado "caso Bono", en la que está previsto que declaren los dos militantes del PP, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz; el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el delegado del Gobierno en Madrid, Constatino Méndez; y el jefe superior de Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño.