Según informó hoy la Dirección General de la Policía, la operación, que continúa abierta, se ha saldado de momento con la detención de 11 rumanos y 2 españoles.

Los integrantes de la red compraban y vendían a lasvíctimas y "controlaban al estilo mafioso autovías y algunas calles de ciudades españolas", que alquilaban a los proxenetas de otros grupos, en función de la rentabilidad obtenida por las mujeres en estos lugares.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de marzo con la detención en Málaga y Castellón de quince personas,integrantes de un grupo delictivo organizado, y de cuarenta y seis más por estancia ilegal.

Varios miembros de la red lograron huir en un primer momento y se establecieron en la localidad de Castelldefels (Barcelona). Investigaciones posteriores realizadas en Cataluña determinaron que estos individuos formaban parte de una organización internacional, con infraestructura en España y en Rumania, cuyos miembros se movían en otros países de la Unión Europea, como Alemania, Suiza, Francia y Holanda.

Sus integrantes se lucraban de la explotación, de la inmigración ilegal y de la prostitución de mujeres. A estos delitos habría que unir otros colaterales como falsedad documental, lesiones, amenazas y delitos contra la propiedad.

Así, uno de los detenidos cobraba 300 euros "por admitir en su territorio de la autovía de Castelldefels la presencia de una nueva chica".

Otras mujeres eran prostituidas en clubes de alterne de la autovía catalana donde eran llevadas por sus "chulos", obligándolas en ocasiones a vender drogas a sus clientes. De este modo se multiplicaban las ganancias obtenidas por laorganización.

ESTRUCTURA

La estructura de esta red contaba en Rumanía con una serie de transportistas que acompañaban a las mujeres hasta España, simulando su entrada como turistas (encargándose incluso de justificar los requisitos exigidos por la legislación de extranjería para entrar en nuestro país).

Los captadores recibían un anticipo del proxeneta remitido desde España de 200 euros, con los que habían de pagar la manutención de las chicas, comprarles ropa, y conseguirles la documentación para poder viajar.

Una vez captadas, los proxenetas hacían una valoración de las mujeres y su transacción, que podía oscilar el precio entre los 800 y los 1.000 euros. El viaje hasta nuestro país se realizaba en autobuses "piratas" o en vehículos particulares, utilizando conductores de confianza que dejaban a las chicas en los puntos convenidos.

Allí, sus nuevos "dueños" se hacían cargo de ellas, a las que les daban un destino definitivo. Las mujeres de este modo contraían con la organización una deuda que no podían pagar.

Las que se revelaban y se negaban a trabajar o no cubrían las expectativas de los proxenetas que eran objeto de amenazas, agresiones físicas y todo tipo de extorsiones.

Las chicas eran alojadas en casas de alquiler, lejos de sus "chulos", estando siempre vigiladas. Otra prostituta, que se había ganado la confianza de los explotadores y que hacía las funciones de "mami", controlaba a todas las chicas a su cargo.

Esta última recogía el dinero obtenido por las mujeres al final de la jornada y se lo entregaba cada tres o cuatro días al "chulo". Los horarios de trabajo de las víctimas eran de unas diez horas diarias, todos los días de la semana.

Los proxenetas contactaban a diario vía telefónica con estas "mamis" para saber lo que habían ganado cada una de sus mujeres. No obstante, interrogaban personalmente a cada una de las chicas, para comprobar que no eran engañados por las mujeres de confianza.

Los proxenetas transmitían las ganancias a su jefe máximo, Catalín, internado en la Prisión de Topas (Salamanca). Este último marcaba las directrices del "negocio", organizando la llegada de nuevas mujeres y ordenando el ajuste de cuentas de las que ya estaban trabajando para la organización.

En los registros realizados en varios domicilios de Barcelona y Málaga, la Policía se inacutó de ordenadores portátiles, diversas joyas, 8,5 gramos de sustancia blanca (al parecer droga), balanza de precisión, un lector de tarjetas, un disco duro de ordenador, libretas con anotaciones, teléfonos móviles, 1.300 euros, seis sprays de defensa personal, una pistola eléctrica, un puñal y dos navajas.