Estos dos departamentos, y el de Asuntos Sociales, han cursado una instrucción conjunta para que la ayuda solicitada por los inspectores de Trabajo a las fuerzas del orden no se vea ralentizada por obstáculos burocráticos.

La instrucción señala que la escolta policial o de una pareja de la guardia civil podrá ser solicitda con carácter preventivo "cuando existan indicios racionales de que la actuación inspectora podría ser obstruida, anulada o suponer cualquier tipo de riesgo para la persona del inspector".

Entre las situaciones potencialmente peligrosas, cita concretamente las visitas de la Inspección a empresas agrícolas, sobre todo durante las campañas estacionales, dado que "a menudo por la extensión de las fincas es imposible que la inspección pueda desarrollar su labor de forma mínimamente eficiente".

Tambén se considerán "puntos calientes" de la tarea inspectora las visitas a talleres o locales clandestinos y las inspecciones nocturas a locales "tales como clubes y otros en que el desarrollo de la actividad principal se realice en horario de noche".

Encarnación Cazorla señaló a esta agencia que el objetivo de esta instrucción, promulgada el pasado 25 de febrero, es garantizar la coordinación entre los tres ministerios que la suscriben y la "automaticidad" de la protección prestada a los inspectores deTrabajo en caso de amenazas o agresiones. Hasta ahora, a veces no se prestaba porque los agentes del orden alegaban que tenían que consultarlo antes con el gobernador civil u otra autoridad competente del área de Interior.

La directora de la Inspección de Trabajo destacó también la importancia de coordinar a los departamentos de Trabajo, Interior y Asuntos Sociales "en cuestiones que nos afecten a los tres, como pueden ser el trabajo de extranjeros".

Cazorla señaló que la causa última de esta iniiativa es el mayor riesgo que corren ahora los inspectores de Trabajo y los controladores laborales al desarrollar su trabajo de vigilar el cumplimiento de la normativa sobre contratación, seguridad e higiene, empleo legal de extranjeros, pago de las cuotas a la Seguridad Social, etcétera.

CRISPACION

A su juicio, "hay crispación sobre todo en empresas en que la economía sumergida y la actuación irregular es un hábito, aunque también hay visitas que son siempre difíciles, como las que se hacen a deteminados locales, sobre todo nocturnos; en algunos sitios se reaccionaba ya violentamente".

La respuesta violenta suele proceder de los empresarios que incumplen la ley, pero en algunas ocasiones la protagonizan los trabajadores ilegales, que, si son extranjeros, temen la expulsión del país.

Según Cazorla, hay incluso empresas que recurren al engaño sistemáticamente y que llegan a poner "circuitos cerrados de televisión para comprobar si el que llega es un inspector, de Trabajo o de Hacienda".

La delegada del Gobierno en Extremadura, Alicia Izaguirre, explicó recientemente, de manera muy gráfica, las dificultades con que se encuentran los inspectores, y todavía más en algunos casos las inspectoras, que prestán servicio en la comunidad extremeña.

"Si una inspectora tiene que visitar un puti-club a las cuatro de la mañana", relató, "para ver cuantas ciudadanas extranjeras trabajan ahí sin su documentación en regla, si le acompañaran dos policías sería mucho mejor".