Además, unos 100 agentes realizaron nueve registros en los que se intervinieron 127.195 euros y 1.225 dólares americanos en efectivo y se incautaron siete vehículos, tres pistolas -una de ellas detonadora-, una carabina de perdigones y gran cantidad de armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y puñales, además de munición para arma corta. También se intervinieron varios ordenadores portátiles, tabletas, memorias USB, teléfonos móviles y numerosa documentación relacionada con la investigación.

A ello hay que añadir el bloqueo de 169 cuentas bancarias (39 de personas físicas y 130 de sociedades), en las que, hasta el momento, se constató la existencia de más de 300.000 euros. También se realizaron anotaciones preventivas de embargo de 67 bienes inmuebles. La investigación sigue abierta y no se descarta una segunda fase de la misma con nuevas detenciones.

Los agentes confirmaron la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, fraude fiscal, apropiación indebida y cohecho. Entre los delitos esclarecidos destaca un presunto fraude a la Seguridad Social por importe de 6.576.558,31 euros, y una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros.

INVESTIGACIÓN

Las investigaciones, según indica la Policía Nacional en una nota, comenzaron a finales de marzo de 2022, cuando los agentes recibieron una denuncia contra una empresa de seguridad privada que no pagaba la nómina a 600 trabajadores desde diciembre de 2021. Además, la empresa cobraba la facturación de sus clientes y traspasaba clientes y contratos a otras empresas para descapitalizar a la aludida mercantil al tiempo que eludía los obligados pagos a sus acreedores.

Por otro lado, indicaron en la denuncia que los actuales gestores de la empresa de seguridad, detenidos en la presente investigación, eran testaferros de uno de los líderes de la organización, que estaba siendo investigado desde 2019 y que ahora ha sido igualmente arrestado junto a su mujer.

Este hombre habría prestado a los antiguos dueños de la mercantil más de un millón de euros para intentar reflotar la empresa. Al no poder devolver este dinero, los propietarios le entregaron la compañía para que se cobrara la deuda con la facturación de sus clientes. Por ese motivo, los nuevos propietarios dejaron de pagar, entre otros conceptos, las nóminas de los empleados. Además, estarían cediendo de forma ilegal sus servicios y su facturación a otra empresa de seguridad, administrada por el citado prestamista a través de un testaferro.

La organización investigada estaba jerarquizada y especializada en la comisión de delitos económicos como fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida. Además de esto, se dedicaba al blanqueo de los beneficios obtenidos con esta actividad y de capitales procedentes del tráfico de drogas de, al menos, otros dos grupos a los que prestaban sus servicios.

Para ello, simulaba transacciones comerciales entre sociedades vinculadas, y así justificaba entradas y salidas de fondos de sus cuentas bancarias por un importe que, entre 2016 y 2021, superó los 27 millones de euros.

Para llevar a cabo estas actividades, la organización disponía de una extensa red de colaboradores y una estructura societaria integrada por más de 80 sociedades y 30 testaferros, a través de la cual simulaba transacciones comerciales que le permitían introducir y mover el dinero en el circuito financiero legal y ostentar la titularidad de unos 70 inmuebles y un gran número de vehículos de alta gama.