Estos trabajadores orientales, principalmente procedentes de China, aunque también han sido detectados casos similares con thailandeses y filipinos, son desprovistos, una vez en España, de todo tipo de documentación "a fin de ejercer sobre ellos una acción coactiva para impedir sus movimientos".

De esta manera, los trabajadores ilegales son continuamente controlados por estas organizaciones, que a su vez se aseguran el cobro de la deuda por la introdución en el país. Según la Policía, el precio del viaje asciende a "dos o tres millones de pesetas".

Esta cantidad de dinero, según se desprende de la investigación, es conseguido "mediante la solicitud de préstamos con la esperanza de que una vez en el país de destino puedan remitir parte de sus ingresos para pagar la deuda contraida".

Las condiciones laborales de los trabajadores orientales están al margen de toda normativa legal "con horarios en algunos casos de más de diez horas diarias, a camio de sueldos muy por debajo del salario mínimo".

"Son víctimas de la explotación al más puro estilo esclavista de siglos pasados", afirma la Comisaría de Policía en un comunicado hecho público hoy.

Esta advertencia policial ha sido posible gracias a la investigaciones realizadas en torno a los restaurantes de comidas orientales, en los que la Policía notó un aumento importante de trabajadores orientales.

En este sentido, hoy han sido expulsados de territorio español diez ciudadanos chinos qe venían trabajando ilegalmente en el país desde hace varios meses, que fueron introducidos por estas organizaciones.

Entre los diez expulsados se encuentran el propietario de un restaurante chino de Málaga y el hijo del dueño de otro. La Policía no descarta nuevas expulsiones, "una vez se hayan documentado a otros ciudadanos presumiblemente de la misma nacionalidad que se encuentran en las mismas circunstancias de ilegalidad".