Segn el convenio adopatado entre Madrid y Vitoria, la Policía autónoma se ocupará de los delitos comunes que se produzcan en Euskadi, mientras que las Fuerzas de Seguridad del Estado intervendrán en los casos supracomunitarios y de los originados en el País Vasco, pero con ramificaciones en otros territorios, según publica hoy 'El Correo'.

Esta decisión la tomó Interior por el descenso en el volumen de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en materia judicial, lo que llevó a reducir acasi la mitad el número de agentes que desempeñaban funciones a las órdenes de magistrados y fiscales. Según datos oficiales, 40 Guardias Civiles y 31 policías han abandonado estas funciones.

La Guardia Civil todavía no ha dado a conocer la reorganización de sus plantillas, pero el Cuerpo Nacional de Policía ha decidido incorporar este contingente a la UTA, según aseguraron fuentes de Interior al citado periódico.

Los cambios de destino deberán ser aprobados por las Comisiones de Coordinación de olicía Judicial existentes en cada una de las audiencias vascas porque deben firmar el abandono de las tareas judiciales.

Asímismo, la incorporación a la UTA exigirá un reajuste presupuestario, ya que todos los policías destinados a estas unidades cobran un plus especial. Por ello, el número de agentes que se incorporen a esta unidad no se conocerá hasta septiembre.