La denominada "Operación Atrio" ha sido llevada a cabo por 300 policías de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal y por la Agencia Tributaria, todo ello bajo la dirección de la Audiencia Nacional.

Las actuaciones, según Interior, se han desarrollado en varias provincias españolas contra los responsables de las sociedades de inversión en bienes tangibles Fórum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles.

En la operación han sido detenidos 9 individuos y se han practicado numerosos registros en compañías y domicilios de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Barcelona, Valladolid y Vigo (Pontevedra). En uno de los registros se han intervenido diez millones de euros en metálico.

Las investigaciones sobre estas sociedades has sido dirigidas por los Juzgados Centrales de Instrucción números 1 y 5 de la Audiencia e impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción. Esta últimahabía presentado recientemente sendas querellas ante dichos juzgados contra las personas físicas y jurídicas investigadas por su participación en los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal.

AHORRO MASIVO

Al parecer, Fórum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles habían venido desarrollando un negocio defraudatorio de captación de ahorro masivo, para lo cual ofrecían una rentabilidad alta y utilizaban como garantía lotes de sellos de valor consolidado y otros bienes muebles.

Estas prácticas consisten en la realización de contratos en serie en bienes tangibles (filatelia, arte, numismática y antigüedades). Por ejemplo, a los clientes se les ofrecía una alta rentabilidad si suscribían un fondo filatélico, que estaba compuesto por lotes de sellos presuntamente sobrevalorados, cuando no falsos, y cuyos réditos no serían tales, sino parte del efectivo recibido por aportaciones de nuevos inversores.

La viabilidad de este negocio depende de la reiteración de las prácticas defraudatorias a fin de conseguir nuevas aportaciones con las que seguir abonando supuestos intereses a los inversores. Existen sospechas fundadas de que una parte sustancial de los fondos captados habrían sido detraídos, supuestamente, por los imputados.

El número de afectados por esta presunta estafa podría alcanzar a unos 350.000 clientes y las cantidades defraudadas son muy importantes, algo que está siendo investigado en este momento.

Dado el volumen de actividad desarrollado por ambas sociedades y al objeto de garantizar la continuación de sus actividades, los investigadores han precintado los domicilios sociales, sedes y delegaciones en España, a la espera del nombramiento de un administrador judicial.

Del mismo modo, se ha procedido a precintar y custodiar las cámaras acorazadas en las que se encuentran depositadas las colecciones filatélicas, que garantizan las aportaciones de sus inversores.