Según explicaron fuentes del Ministerio de Cultura, los vendedores de las mencionadas medallas no habían cumplido con el precepto legal que obliga a comunicar, antes de la transcción, a la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes Culturales, que debe conceder la pertinente autorización.

La operación ha sido posible gracias a la coordinación entre el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Policía, a través de los dos Grupos de Delitos contra el Patrimonio Histórico, que ya ha dado frutos en la recuperación de otros bienes robados o vendidos en el mercado negro.

También ha sido de gran importancia la colaboración de la Dirección General de Aduana francesa como consecuencia de la cooperación internacional que existe en el marco de la Unión Europea para la protección del patrimonio histórico de los países comunitarios.

La colección de medallas fue interceptada en los puestos fronterizos entre Francia y Suiza, cuando los ciudadanos españoles involucrados en el supuesto delito de contrabando intentaban introducir los objetos históricos en el país helvético en coche y por vía férrea.