La primera de las investigaciones se desarrolló sobre un fraude que consistía en comercializar a través de una página web, en un servidor con acceso restringido a clientes, códigos de desbloqueo de terminales previo pago de una cantidad. El importe era ingresado por los solicitantes en una cuenta bancaria.

Los códigos eran facilitados por dos empleados de la compañía, quienes se los facilitaban al titular de la web. El fraude ocasionado a la compañía en este caso asciende a 130.000 euros.

En la segunda de las operaciones, la Policía tuvo conocimiento de una estafa relacionada con el plan ofrecido por la misma operadora para cambiar el terminal telefónico a sus clientes a cambio de los puntos acumulados con la facturación.

Los teléfonos solicitados fraudulentamente, cerca de 1.000 terminales, eran remitidos a dos direcciones de León y Salamanca y en ningún caso llegaban a sus legítimos propietarios. En esta ocasión, la suma estafada asciende a 190.000 euros.

Las investigaciones realizadas permitieron determinar la presunta participación de una mujer, administradora de una empresa mercantil dedicada a la distribución de telefonía móvil, que tenía acceso a la información de clientes y que utilizaba los datos de algunos de ellos, normalmente de empresas, para solicitar terminales mediante el canje de los puntos obtenidos con la facturación.