La investigación comenzó tras una denuncia en 2007 donde constaba la existencia de una organización dedicada a proporcionar documentación falsificada a inmigrantes. De esta manera podían entrar en España y permanecer de forma aparentemente legal.

Se practicaron 10 registros en los que se han intervenido 17 ordenadores, teléfonos móviles, documentos falsificados, cartillas bancarias y 4.000 euros en efectivo. Las detenciones se produjeron en las localidades madrileñas de Leganés, Alcalá de Henares y Móstoles, en Madrid capital y en Palma de Mallorca.

Los cabecillas de la red empleaban sus domicilios y los locutorios que regentaban como laboratorios de producción de documentos, por los que los inmigrantes pagaban entre 600 y 1.200 euros y con ellos podían ser contratados, abrir cuentas bancarias y establecer cualquier relación jurídica.

Además, el grupo desarticulado explotaba sexualmente a mujeres de su misma nacionalidad. Las captaban engañándolas en su país de origen con falsas promesas y les realizaban ritos de vudú para doblegar su voluntad. Una vez en España eran recluidas en pisos y les explicaban el verdadero motivo de su traslado, que no era otro que ejercer la prostitución y entregar las ganancias a los miembros de la red. Si las cantidades no eran consideradas suficientes, éstas eran amenazadas, coaccionadas y recibían palizas.

La organización constaba de tres escalones. El primero se dedicaba a captar inmigrantes ilegales a los que ofrecían la documentación falsificada. El segundo lo formaban hombres de confianza cuya misión era conseguir documentos auténticos. Por último, estaban los cabecillas de grupo, que eran los que disponían todo el material para confeccionar los documentos.

Una vez elaborados eran entregados a los interesados, se pagaba el importe solicitado y eran enviados a distintos puntos de España e incluso a países como Italia y Francia. La operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.