Así se desprende de un primer balnce de la aplicación de esta ley por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio de Interior, al que tuvo acceso Servimedia, redactado a petición de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados.

El Gobierno precisa que la valoración debe ser "necesariamente prudente" debido a la escasa aplicación de la Ley, pero la considera en todo caso positiva.

A pesar de la dificultad de obtener datos sobre los delitos que se han abortado por la presencia de cmaras, ya sean fijas o móviles, el Ejecutivo cree que se puede hablar, por ejemplo, de "reducción del pequeño comercio de la droga en determinados lugares donde era habitual".

"Lo que resulta indiscutible", añade el informe, "es la provechosa utilidad de las videocámaras móviles empleadas para riesgos concretos de alteraciones de la seguridad ciudadana, en previsión de daños o lesiones, en forma de concentraciones, manifestaciones, enfrentamientos de protestas multitudinarias causadas por problemas soiales".

Los datos reflejan que el uso de estas cámaras ha sido autorizado, sobre todo, en manifestaciones y como apoyo para detectar inmigración ilegal, por ejemplo, en Melilla.

En la ciudad autónoma, dice el informe, "se dispone de un número de cámaras instaladas en el perímetro fronterizo que forman parte del dispositivo general para la detección de la vulneración del paso clandestino, como apoyo a otras medidas de seguridad".

También se ha evaluado la "interrupción verificada de daños, lo más frecuentes en forma de pintadas", en edificios públicos del Patrimonio Artístico Nacional.

Según el informe, Cataluña es la comunidad autónoma donde más se ha autorizado el uso de estas cámaras, con 14 fijas y 26 móviles, seguida de Madrid, donde se han instalado 32, todas ellas fijas.

En otras comunidades no se han empleado estas cámaras y, por ejemplo, en el caso del País Vasco, el informe especifica que el Estatuto de autonomía confiere la competencia de la seguridad ciudadana a la policí autonómica, la Ertzaintza, por lo que no ofrece datos.