Tanto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) como la Asociación Francisco de Vitoria coincidieron en calificar de "muy lamentables" las afirmaciones de González, que, a su juicio, suponen un grave ataque a la independencia judicial. Además, al igual que la Unión Judicial Independiente, consideraron que la actividad de los tribunales no se puede parlizar por un proceso electoral.

El portavoz de la APM, Angel Calderón, censuró, en declaraciones a Servimedia, las manifestaciones del presidente del Gobierno, ya que a su juicio suponen imputar al Alto Tribunal y al instructor del 'caso GAL', Eduardo Móner, "una intencionalidad política a la hora de haber realizado un acto estrictamente jurídico".

En su opinión, dichas manifestaciones son "profundamente irrespetuosas para el más alto tribunal de la nación" y ponen en tela de juicio la honorabiliad del instructor, al sugerir que dictó el auto de procesamiento de Barrionuevo "no para cumplir con su obligación, sino justamente para interferir e intervenir de alguna manera en el proceso electoral", lo que podría interpretarse como prevaricación.

Por su parte, la portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, María Tardón, consideró que las manifestaciones de González "constituyen un manifiesto ejercicio de cinismo", porque en anteriores ocasiones el presidente del Gobierno afirmó que debía resptarse seriamente la independencia de los jueces.

Asimismo, Tardón resaltó que esas declaraciones proceden de una persona que "debería ser especialmente respetuosa con la independencia y con el orden constitucional".

Al igual que Calderón, indicó que la actividad del Tribunal Supremo no debe paralizarse por un proceso electoral y señaló que éstos no deben influir en la actividad de la justicia, ya que "es ciega y debe ser así si queremos que sea justa". "Los criterios de oportunidad los jueces no os tenemos que tener en cuenta", agregó Tardón en declaraciones a Servimedia.

En la misma línea se expresó Arturo Beltrán, de la Unión Judicial Independiente, quien consideró que González no está en condiciones de hablar de la independencia de la justicia, cuando "ha hecho todo lo posible para disminuirla".

A su juicio, el Tribunal Supremo ha actuado con independencia y agregó que no existe ninguna regla según la cual el Tribunal Supremo debería haber paralizado su actividad durante el proceso elctoral, pero "es lógico que la saque a colación quien cree que su voluntad es ley", agregó en alusión a González.

DESACATO

Más crítico con González fue el juez de la Audiencia Provincial de Madrid y ex diputado del PSOE Joaquín Navarro, quien, en declaraciones a esta agencia, estimó que el presidente del Gobierno podría haber incurrido en desacato al acusar al juez Móner de interferir en la vida política con el procesamiento de Barrionuevo.

Para Navarro, las declaraciones del presidente del Ejeutivo "son una acusación frontal contra el juez Móner, una intromisión en el ámbito judicial de manera clara, directa y contundente", así como "una insinuación de prevaricación".

Asimismo, afirmó que esa intromisión que pretende adjudicar intencionalidad política a las resoluciones de un juez nombrado por unanimidad por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo "tiene una gravedad impresionante" y recordó que si bien el 'caso Filesa' se paralizó con motivo de un proceso electoral, esa fue la única vez ue lo hizo el Tribunal Supremo, "sin fundamento alguno, ni legal ni constitucional".

OPOSICION

Por su parte, el Partido Popular e Izquierda Unida también criticaron duramente las manifestaciones del presidente del Gobierno, que, para el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, "son impropias de un dirigente democrático, porque atacan a un pilar del Estado de derecho".

Según Trillo, con esta actitud González fuerza a electorado socialista al dilema, "peligroso para el Estado de derecho", detener que elegir "entre la versión del procesado o la del Tribunal Supremo de Justicia" y agregó que el presidente del Gobierno "ha preferido fiarse más de la versión de Barrionuevo que de la del Tribunal Supremo".

La diputada de IU Rosa Aguilar señaló que las manifestaciones de González "atentan directamente contra el Estado de derecho" e instó al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Pascual Sala, a que salga inmediatamente al paso para defender la independencia dl poder judicial.

En su opinión, González, del que dijo que "delira", quiere "una Justicia domesticada y a la carta, frente a la independencia con que tiene que actuar el Poder Judicial, necesaria e imprescindible en un Estado democrático y de derecho", y consideró que lo único que pretende hacer el presidente del Gobierno es "presionar al propio Tribunal Supremo de cara al momento en que se siente en el banquillo José Barrionuevo".

Finalmente, el diputado de IU Diego López Garrido señaló que lasmanifestaciones de González son "irresponsables" y crean "un conflicto institucional, ya que no es la opinión de una persona que pertenece a un partido, sino que además de eso es el presidente del Gobierno, que demuestra poquísimo respeto para la acción de otro poder del Estado, que es el Poder Judicial".