Según un informe de la Comisión de Seguimiento del Libro Blanco de la Justicia, al que tuvo acceso Servimedia, desde que se aprobó la Constitución la aplicación de las lenguas cooficiales en la Administración de Jsticia está estancada y necesita un impulso.

"Visto el tiempo transcurrido", indica el documento, "más de veinte años, desde la aprobación de la Constitución, y el panorama que actualmente presenta esta cuestión en el ámbito de la Administración de Justicia, nos tiene que llevar a reconocer el enorme déficit que aún hoy plantea".

Por este motivo, sostiene que "la única manera de avanzar y de que el uso de las lenguas oficiales autonómicas esté más concorde con lo predicado por nuestra Constitució es a través de la realización de planes de normalización lingüística".

Los vocales que han redactado el documento añaden que, para el progresivo establecimiento del vasco, catalán y gallego como lenguas de uso normal en los tribunales conviene reformar los artículos 231, 341 y 373 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Estas reformas supondrían, entre otras cosas, que el conocimiento de la lengua vernácula se tuviese en cuenta para acceder a determinados cargos, como las presidencias de los tribnales.

Asimismo, los vocales firmantes entienden que es también urgente elaborar "planes para la normalización lingüística" dentro de la Administración de Justicia en colaboración con el CGPJ.

POLEMICA

Según ha sabido Servimedia, la aprobación de este informe ha generado polémica entre los siete vocales del "grupo de trabajo" de Autonomías, que es el autor del informe y que está integrado en la Comisión de Seguimiento del Libro Blanco de la Justicia.

Las fuentes consultadas informaron que l documento fue aprobado con cuatro votos a favor y tres en contra. Entre los que lo respaldaron están tres vocales que fueron elegidos a propuesta de PNV y CiU y uno a propuesta del PSOE.

El informe será sometido a la aprobación del Pleno del CGPJ, integrado por sus veinte miembros, en una futura reunión en la que es previsible que se produzca un importante debate entre los impulsores del informe y sus detractores.

Los vocales firmantes recuerdan en su informe que, según varias sentencias dictads por el Tribunal Constitucional, "una lengua es oficial cuando los poderes públicos la utilizan o la colocan en una situación de ser instrumento, medio normal de comunicación en y entre los poderes públicos y entre éstos y los particulares, con plena validez y efectos jurídicos. Y todo ello con independencia de su mayor o menor peso social o de su mayor o menor uso".