El fallo considera que la exigencia del conocimiento del catalán para el acceso a la función pública de la Generalitat no es discriminatoria y se fundamenta en el establecimiento del régimen de cooficialidad lingüística del catalán derivado de la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

La sentencia es consecuencia de los recursos presentados por un grupo de profesores contra el decreto de la Geeralitat 244/1991 del 28 de octubre, sobre el conocimiento de las dos lenguas oficiales para la provisión de puestos de trabajo docentes.

Según informó la Consejería de Enseñanza, el Tribunal de Justicia de Cataluña se basa en la Ley de Normalización Lingüística, y el texto del fallo destaca el artículo 18 de la misma, que prevé que los profesores conozcan las dos lenguas oficiales.

Para el tribunal, la exigencia del conocimiento del catalán debe considerarse como una más de las condiciones, mérios o capacidades requeridos para el ejercicio de un puesto de trabajo docente en un centro público y que resulta imprescindible para que el funcionario pueda ejercer su trabajo en la Administración catalana.