Eso sitúa las jornadas no trabajadas por la siniestralidad en más de 22,1 millones al año, puesto que las perdidas en 1991 como consecencia de huelgas fueron 4.421.300, de acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Trabajo.

En consecuencia, si suponemos una duración media de la jornada diaria de ocho horas y teniendo en cuenta que el valor medio de la hora producida fue en 1991 de 2.454 pesetas, el coste de la siniestralidad puede cifrarse en 433.867 millones de pesetas al año.

Este cantidad (que equivale al 0,8 por ciento del PIB) se refiere exclusivamente al coste de la producción dejada de generar. No incluye el gastoque acarrean los accidentes, al dar derecho a tratamiento médico, indemnizaciones y pensiones.

Martínez Noval, que compareció ante la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso, afirmó que la intención del Gobierno es que la Ley de Salud Laboral esté promulgada antes de fin de año, aunque no garantizó que sea así, debido a los trámites que todavía debe pasar.

El ministro calificó de "halagüeña y positiva" la evolución de la siniestralidad laboral en 1991, año en el que se regitraron 1.946 ccidentes mortales, 28 menos que en 1990. Si se excluyen los ocurridos "in itinere", al ir o volver del trabajo, los mortales pasaron de 1.425 a 1.360.

El total de accidentes que dieron lugar a baja fueron 693.310, de los que 13.343 resultaron graves. Además, se produjeron otras 4.338 bajas por enfermedades profesionales y 510 que pudieron ser atendidas sin abandonar el trabajo.

Las empresas con más accidentes mortales fueron los de transporte urbano y por carretera, la minería y la construción. or comunidades, el 60 por ciento del total se localizaron en Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia.

Según Martínez Noval, los accidentes estrictamente laborales de 1991 fueron 1.127, ya que a la cifra total habría que restarle los 550 muertos "in itinere" y otros 319 que fallecieron en la empresa por enfermedades no relacionadas con el puesto de trabajo, como infartos y hemorragias cerebrales.

El ministro se mostró convencido de que los empresarios son tan partidarios como los trabajadores de reucir los accidentes, puesto que "una baja laboral afecta también a la productividad".

Añadió que no cree que los contratados temporales estén "indefensos o amedrentados" a la hora de reclamar sus derechos en materia de seguridad y que eso se haya traducido en un mayor porcentaje de accidentes entre dicho colectivo.

SERVICIOS MINIMOS EN EL TRANSPORTE

Por otra parte, el ministro dejó entrever que el decreto de servicios mínimos para la huelga del 28 de mayo incluirá, además de las actividades relcionadas con la salud, la seguridad y la vida de los ciudadanos, otros para el suministro de electricidad y el transporte ferroviario y aéreo.

A su juicio, la negativa de los sindicatos a aplicar servicios mínimos en el transporte revela su intención de impedir que los trabajadores acudan a sus empresas y que, por tanto, "no están muy seguros de la voluntad de los ciudadanos de ir a la huelga".

El ministro insistió en que los servicios que el Gobierno considera esenciales son los que así han sidocatalogados por la doctrina que ha sentado el Tribunal Constitucional, y no únicamente los indicados por la Organización Internacional del Trabajo, como proponen los sindicatos.