Castresana señaló a Servimedia que esta subida "no está justificada, en la medida en que el conjuno de las retribuciones de la administración pública tiene que aumentar o mantenerse en igual proporción en todos los niveles", por lo que criticó que "precisamente quienes disponen de autonomía presupuestaria la utilicen para aumentar sus retribuciones por encima de esa media".

Esta situación es, a su juicio, "consecuencia inevitable de la actuación del Gobierno subiendo hace quince días el sueldo a los magistados del Tribunal Supremo de manera injustificada y por decreto ley". El Ejecutivo, añadió, "enía que haber pensado que esto es como una partida de billar: si tú le das a una bola, esta bola golpea a otra".

"Si el Gobierno quería equiparar a los magistrados del Supremo a otros órganos constitucionales, podía haberse fijado en los vocales del Consejo, y no en los magistrados del Tribunal Constitucional. Al equipararlos a éstos, han dejado muy por detrás en las retribuciones a los vocales del CGPJ, y éstos, como tienen la sartén por el mango, se han autoatribuido una subida de sueldo", indicó. El portavoz de la UPF apuntó que este tipo de situaciones van en detrimento de la autoridad moral de la justicia, porque "los ciudadanos no se explican por qué los altos organismos de la nación se atribuyen y a veces autoatribuyen unas subidas de sueldo que suponen objetivamente una discriminación respecto del conjunto de los ciudadanos, y por lo tanto tienen legítimo derecho a sentirse ofendidos".