Esta declaración responde a las manifestaciones efectuadas contra la judicatura por el ministro de Interior, José Luis Corcuera, en relación con su oposición a la nueva ley de Seguridad ciudadana.

El presidente del consejo, Pascual Sala, leyó ante los periodistas el texto íntero del documento que reachaza "cualquier tipo de comportamientos y declaraciones que puedan influir indebidamente en las decisiones judiciales".

El pleno aprueba "la libre exposición de la discrepancia y la crítica", pero considera nergativo que la labor de los jueces se vea frecuentemente menoscabada "tanto porque se cuestiona a la ligera la legitimidad con que ejercen su función, como porque se les impute sin fundamentos falta o parcialidad partidista".

El texto distingue además entre "desacuero" y "falta de respeto" y advierte a los políticos que sean "ejemplares" en el respeto a las resoluciones judiciales, "pues disponen de un poder que resultaría altamente peligroso si no se hallase sometido al Derecho".

El escrito recuerda que corresponde a jueces y magistrados dirigir todas las fases del proceso penal hasta dictar sentencia y subraya que esos funcionarios no pueden ser presentados como "obstáculos para la paz civil y la represión de la delincuencia".

Especifica que es tan erróneoatribuir a las decisiones judiciales una menor eficacia en la represión de la delincuencia, "como injusto culpar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del incremento de la misma a partir de unos cuantos casos de presuntos delitos atribuidos a policías".

"Aunque la criminalidad no se combate sólo con instrumentos jurídicos", añade, "la eficacia de la lucha contra ella será mayor cuanto más perfectos e irreprochablemente constitucionales sean las leyes".