Lo anunciaron en sendas ruedas de prensa el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna y el portavoz de Agricultura de Sumar, Toni Valero. El primero reiteró que “el problema no es la Agenda 2030” sino que políticas españolas y europeas benefician a los grandes productores y las distribuidoras. De ahí su propuesta de publicar informes periódicos sobre los costes de producción de alimentos y los márgenes de beneficios, y de modificar el régimen de sanciones de la Ley de Cadena Alimentaria para triplicar las multas por su incumplimiento.

Por su parte, Valero coincidió en ese diagnóstico y en su crítica a los tratados de libre comercio pero justificó que Sumar haya presentado una proposición no de ley, por la que el Congreso meramente insta al Gobierno a adoptar medidas, en lugar de una iniciativa legislativa, porque la situación es “urgente” y una PNL se puede debatir ya en el Congreso y “responder en minuto y resultado” a la crisis. Una proposición de ley habría tardado hasta junio por la falta de cupo de Sumar.

La PNL de Sumar aboga por “garantizar unos precios justos a los productores haciendo cumplir la Ley de Cadena Alimentaria mediante su mejora, su financiación adecuada y la mejora del funcionamiento del Observatorio de la Cadena Alimentaria” y por “rechazar en el Consejo de la Unión Europea la aprobación de tratados de libre comercio que no garanticen normas recíprocas en las importaciones” de productos alimentarios.

También incita a “impulsar una Política Agraria Comunitaria y reformar los planes nacionales para garantizar que redistribuya los fondos en favor de la agricultura social y profesional”, a “promover un banco de tierras estatal y público que facilite el acceso a la actividad agraria a las jóvenes generaciones” y a “impulsar de manera decidida la ley de agricultura social y familiar, que tenga entre sus objetivos transitar hacia una agricultura agroecológica”.