El 15 de enero se produjo un derrame de petróleo en las playas de Ventanilla, situadas en la costa peruana. Sucedió durante el proceso de descarga de un buque petrolero en la refinería La Pampilla, operada por Repsol. El accidente lo causó el fuerte oleaje tras la erupción del volcán Tonga.

Se han vertido 6.000 barriles de petróleo (954 toneladas), lo que hace que sea uno de los desastres ambientales más graves de los últimos años en Perú. El vertido afecta a unos 18.000 metros cuadrados de costa, se han visto afectados varios ecosistemas y ha hecho impracticable la pesca artesanal, de la que dependen más de 500 pescadores de la zona.

Según Repsol, la descarga de petróleo había comenzado el día anterior a la erupción, el 14 de enero. Al día siguiente, los operadores de la refinería consultaron a la Marina de Guerra peruana y pidieron confirmación acerca de la alerta en las costas. La Marina no dio la alerta y prosiguió con la descarga. Tras el incidente debido a las fuertes olas, la refinería desestimó el alcance del desastre comunicando inicialmente a las autoridades un vertido de 0,16 barriles (25 litros), según la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) de Perú.

López de Uralde, que también es coordinador federal de Alianza Verde, envió hoy una carta al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, para mostrar su malestar porque, según apuntó en la misiva, la compañía "estaría minimizando la importancia del vertido y de sus consecuencias ambientales".

A su juicio, ese derrame de petróleo en Perú debería catalogarse como "ecocidio". Hace unos meses, el Grupo Confederal de Unidas Podemos presentó una proposición no de ley en el Congreso para que se considere este hecho como un crimen internacional y López de Uralde apuntó que el Gobierno debería impulsar esa catalogación.

"La utilización continuada de combustibles fósiles supone un riesgo ambiental grave. De hecho, los acuerdos internacionales contra el cambio climático ya hablan de la necesidad de eliminar la dependencia de estos combustibles. Además de las emisiones durante su combustión, otro de los impactos del petróleo es el vertido al medio ambiente durante todo su ciclo de vida, de ahí la necesidad de acelerar la transición energética hacia las energías limpias", indicó.

López de Uralde reflejó la "protesta" y "grave preocupación" de Unidas Podemos ante el derrame de petróleo en Perú y pidió a Imaz que "tome todas las medidas en su mano para acelerar la limpieza de la zona, así como para evitar que hechos así vuelvan a producirse en cualquiera de las instalaciones de Repsol".

Asimismo, López de Uralde ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para saber si su departamento va a colaborar con la investigación abierta por la Fiscalía peruana por un presunto delito de contaminación ambiental.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Por otro lado, Ecologistas en Acción exigió a Repsol que asuma su responsabilidad y compense a la población local por el derrame de petróleo en la costa peruana. "La compañía no debe escatimar en gastos para revertir lo antes posible la situación, a pesar de que muchos de los daños a las reservas naturales serán ya irreparables", recalcó en un comunicado.

La organización ecologista se suma así a las demandas de Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático de Perú (Mocicc), que exige que Repsol haga público su plan de contingencia y rinda cuentas por la ineficacia de las medidas de contención desplegadas.

"Repsol debe dar explicaciones, en primer lugar, de por qué continuaron con la descarga a pesar de tener motivos para consultar a la Marina sobre algún posible riesgo. En segundo lugar, debe responder por qué no se desplegó un plan de contingencia más equipado desde el principio, aun observando inicialmente que el vertido había sido mínimo. Como se demostró después, el oleaje podría estar ocultando la magnitud real del derrame", señaló Ecologistas en Acción.

Esta organización recalcó que, según los artículos 1970 del Código Civil y 144 de la Ley General del Ambiente peruanos, la responsabilidad de Repsol es objetiva, pues no necesita un factor de dolo o culpa a la hora de determinar su responsabilidad civil. "El hecho de que trasladara materiales peligrosos es suficiente. Mientras Repsol evita ser identificado como culpable de cara a la opinión pública, los ecosistemas y la población de la zona ya han sufrido daños irreversibles por unas medidas que han resultado ineficaces", añadió.

OCEANA

Por otra parte, el director de Expediciones de Oceana en Europa Ricardo Aguilar, se preguntó: "¿Cómo es posible que en medio de la alerta de tsunami a lo largo de toda la costa del Pacífico la empresa REPSOL siguiera descargando combustible en el mar? Repsol debe aclarar urgentemente por qué continuó las operaciones de descarga de combustible si es que se detectó un mar anómalo, además de no poner en marcha acciones adecuadas para hacer frente a este hecho".

Oceana manifestó que se opone a todo tipo de explotación de hidrocarburos en la plataforma continental y rechaza el empleo de fuentes de energía no renovable que contribuyen al calentamiento global y afectan los océanos. "La extracción petrolera en el mar es una actividad de alto riesgo que compromete el clima a nivel global; la actividad pesquera, pilar de seguridad alimentaria y laboral de los pescadores; la biodiversidad; y la belleza paisajística. ¿Por qué arriesgar el futuro del mar por un negocio que está de salida a nivel global?", concluyó.