Jacinto, que protagonizó la rueda de prensa de este lunes junto al candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León y también coportavoz de la Ejecutiva estatal, Pablo Fernández, atestiguó que en el partido están “francamente preocupados por el giro de 180 grados” que ha dado el CGPJ al tumbar el informe favorable a la Ley de su vocal Álvaro Cuesta, exdiputado del PSOE, y cambiarle por otros ponentes, lo que a su juicio “hace dudar de la imparcialidad” del órgano de gobierno de los jueces.

“El debate competencial está sirviendo como coartada para mantener una legislación en favor de los monopolios inmobiliarios”, interpretó, subrayando que el CGPJ, como mucho, tendría que pronunciarse sobre la modificación de la regulación de los desahucios que establece la norma, prohibiéndolos si se trata de una familia vulnerable sin alternativa habitacional.

“Todo lo demás es extralimitarse en sus competencias, en sus funciones·”, amonestó, asegurando que “la ley es sumamente responsable con las competencias autonómicas”, dado que deja a las comunidades la facultad de declarar o no zonas tensionadas, las únicas en las que podría ponerse un tope al precio del alquiler. La también diputada en la Asamblea de Madrid enmarcó el rechazo del CGPJ al informe de Cuesta en la “lucha entre aquéllos que defienden el derecho a la vivienda” y los “sectores conservadores de la judicatura, especuladores inmobiliarios y el ‘lobby’ del ladrillo”.

"No es descabellado pensar que algo ha tenido que ver la mano invisible de las élites de ladrillo en este cambio de parecer dentro del Consejo General del Poder Judicial", deslizó, lamentando el “retraso injustificado” y “deliberado” que va a sufrir la norma ahora que el CGPJ la abordará de nuevo el próximo día 27. Si la da el visto bueno, ella cree que en febrero ya debería tramitarse en el Congreso.

PLAZOS SUPERADOS

Jacinto considera que “todos los plazos ya están superando ampliamente”, después de los largos meses que Unidas Podemos tardó en conseguir que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en manos del PSOE, se aviniera a regular el precio de los alquileres.

En esa línea, lamentó que, “mientras no se saque adelante, va a seguir siendo la sociedad quien pague” los perjuicios, y recordó que el informe del CGPJ es “preceptivo pero en ningún caso vinculante” para que se apruebe la Ley de Vivienda, por lo que confía en que el PSOE “siga cumpliendo su palabra y saque adelante con nosotros la primera ley de vivienda de la historia de la democracia".

La secretaria de Vivienda de Podemos recalcó que “es urgentísimo” que se apruebe la norma, “más necesaria que nunca, que viene a poner fin a la emergencia habitacional”, y concedió que “hay margen de mejora en el texto”, algo que cree que podrá sustanciarse en el trámite parlamentario porque “los socios de investidura van a querer hacerlo”.

Fuentes del partido detallaron que aún no han decidido si presentar desde el grupo parlamentario enmiendas para mejorar temas como la moratoria de 18 meses para regular los alquileres que impuso el PSOE o se limitarán a apoyar las que registren ERC o EH Bildu.