LAS POBLACIONES CON MAS DE 15.000 HABITANTES LIDERAN LA DEMANDA DE VIVIENDA SOCIAL
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
La futura Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid establecerá que un mínimo del 50% de la edificabilidad de cada desarrollo urbanístico se dedicará a la construcción de vivienda protegida en los municipios de más de 15.000 habitantes, que son los núcleos urbanos de población donde mayor demanda de pisos públicos existe, y donde se construye el 97% de estas viviendas sociales de la región.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía, hizo esta afirmación en el acto de inauguración de las jornadas sobre la Ley del Suelo celebradas en la sede de Asprima.
Los municipios con una población inferior a los 15.000 habitantes, según explicó el consejero, podrán elegir el porcentaje de suelo que destinarán a vivienda protegida según las necesidades de vivienda social que detecten en su población, las características socioeconómicas de sus habitantes y la protección medioambiental de sus suelos.
En cualquier caso, será la Comisión de Urbanismo de la Comunidad la que valorará en último término si la reserva de suelo para viviendas públicas cubre las necesidades municipales.
Actualmente, los municipios de más de 15.000 habitantes son los que aglutinan al 93% de la población madrileña y los que concentran la demanda de vivienda pública. De hecho, en estos núcleos de población se construyen el 97% de las viviendas protegidas de toda la región, por lo que estas localidades son el objetivo principal de la nueva Ley del Suelo en esta materia, según informa en una nota la Comunidad de Madrid.
ZONAS VERDES
Por otro lado, la futura ley aumenta un 33% las cesiones obligatorias de terrenos destinados a espacios libres y zonas verdes.
El anteproyecto establece que la superficie de cesión obligatoria para zonas verdes pasará de 15 a 20 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados edificables, teniendo que llegar al menos a ocupar el 10% de la superficie del sector urbanístico, una vez descontadas las redes públicas supramunicipales y generales.
La iniciativa legislativa, que ya está en manos del Consejo Económico y Social para su estudio, prevé además una reducción de los plazos de gestión urbanística, pasando de 8 a 3 años el plazo para desarrollar un suelo.
Para el Gobierno que preside Esperanza Aguirre, esta disminución de los plazos se verá reflejada en el precio de los suelos y, en consecuencia, en un abaratamiento del coste de las viviendas que allí se construyan.
(SERVIMEDIA)
01 Nov 2005
L