Esta iniciativa la registró el PNV en el Congreso a la vez que el PSOE registraba su proposición no de ley para la constitución de una investigación, por parte del Defensor del Pueblo, apoyado por una comisión de expertos, de abusos.

En la iniciativa del PNV se busca que el Pleno del Congreso inste al grupo de trabajo a elaborar un informe que refleje las “evidencias encontradas, presente unas conclusiones y proponga, en su caso, aquellas medidas que entendiera conveniente adoptar a tenor de lo averiguado”.

El informe que debe ser elaborado en un año, según la iniciativa del PNV, se expondrá ante la Comisión Constitucional del Congreso por una “persona del Gobierno acompañado de quién ostente la Presidencia del Grupo de Trabajo”.

Una vez conocido el mismo, según la propuesta del PNV, “corresponderá a los grupos políticos impulsar, en su caso, y a través de las vías reglamentarias oportunas, las iniciativas que consideren adecuadas con respecto a las recomendaciones del informe”.

El Grupo Parlamentario Vasco impulsa esta iniciativa parlamentaria ante los “numerosos casos” de abusos que se están conociendo y dada la “gravedad y aparente profusión” de los casos, con el fin de “esclarecer” las circunstancias y “reparar” a las víctimas.