En una rueda de prensa para presentar la propuesta de conclusiones de su grupo, Olabarría tachó de "irresponsabilidad política" mantener a Fungairiño en su puesto, por lo que considera que se deben incoar diligencias contra el responsable de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

En su documento, el PNV denuncia el desconocimiento "palmario" que demostró Fungairiño sobre la investigación del 11-M en su comparecencia del Congreso, en referencia a que dijo entonces que se había enterado por los diputados de la aparición de la furgoneta que los terroristas dejaron en Alcalá de Henares, porque en la televisión se limita a ver los documentales de la BBC.

Ésta es una de las propuestas del PNV, que también pide que se diseñe "la arquitectura del futuro pacto antiterrorista" de modo que se resuelvan los "déficits" fundamentales del acuerdo vigente: que sea un acuerdo a dos y que mezcle connotaciones ideológicas.

En este sentido, resaltó que en el acuerdo deben estar "todos o casi todos" los partidos con representación parlamentaria y debe tener una "fundamentación filosófica democrática".

Explicó que el acuerdo no debe apuntar, como el Pacto Antiterrorista, la conveniencia de "aislar la ideología política nacionalista", que en este caso sería la islamista, porque eso sólo supondría "agravar el problema".

Olabarría se refirió también a la prevención del atentado, porque "falló prácticamente todo", empezando por el control de los confidentes policiales, cuya actuación marca una "tesitura cuasitercermundista", así como el control de explosivos.

Además, la Guardia Civil, la Policía asturiana e incluso el Ministerio Fiscal no intervinieron de forma "suficientemente eficiente", y tampoco funcionó bien la coordinación de los servicios de inteligencia españoles y en el ámbito internacional.

Corregir el comportamiento con las víctimas, tras el "aldabonazo a nuestras conciencias" que supuso la comparecencia de sus representantes ante la comisión, la reforma del funcionamiento de las comisiones de investigación cuando hay atentados y que no se "simplifique" la problemática del terrorismo de raíz islamista, son otras de sus propuestas.

En cuanto a la actuación del Gobierno popular en relación a los posibles sesgos en la política informativa, recalcó que no es "descartable" pedir responsabilidades en forma de reprobación, aunque es "prematuro y frívolo" hablar de ello antes de que se aprueben las conclusiones definitivas.

Por su parte, la diputada peneuvista Margarita Uría recalcó que el atentado "pudo haberse prevenido", aunque no fuera "evitado", y reclamó un mayor flujo de información y documentos de los servicios de inteligencia del CNI y la Guardia Civil, así como en el ámbito europeo y un tratamiento distinto de las escuchas telefónicas.