En declaraciones a Servimedia, Azpiazu indicó, no obstante, que el Gobierno vasco no suele recurrir ante el Tribunal Constitucional este tipo de leyes porque "sabendo la composición" del Alto Tribunal, "no serviría para nada".

El diputado peneuvista recalcó que su partido ofrece "todo el apoyo" a la Generalitat catalana en sus consideraciones sobre la inconstitucionalidad de esta norma aprobada a finales del año pasado, aunque insistió en que "por mucho fundamento que tuviera el recurso desde el punto de vista jurídico, no saldría adelante".

RECHAZO DE LAS ENMIENDAS

Por su parte, Jordi Jané, portavoz de CiU en la Comisión de Régimen de las Administracioes Públicas del Congreso, recordó que su grupo parlamentario "siempre ha votado en contra de este proyecto de ley, tanto en el Congreso como en el Senado".

Jané insistió en que esta ley quebranta "el respeto al principio de autonomía y suficiencia financiera de las comunidades autónomas, algo que se hubiera solucionado si se hubiesen aceptado las enmiendas propuestas por CiU", que fueron rechazadas por el PP.

Por ello, recalcó que se estudiará el informe del Consejo Consultivo de la Generalitat, ue ha detectado "artículos inconstitucionales por vulnerar las competencias tanto de comunidades autónomas como de municipios", para formalizar un recurso ante el Constitucional, para lo que se cuenta con un plazo de tres meses.