Según consta en el documento donde el "tripartito" fija su línea política para los próximos cuatro años, la celebración de este referéndum, que se llevaría a cabo "en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones", tendría lugar después de que el Gobierno vasco pidiera autorización a la Cámara autonómica.

Esta autorización, según lo acordado por los tres partidos, deberá incorporar "los diferentes aspectos relacionados con la propia consulta", como "la ratificación de las condiciones de ausencia de violencia y no exclusión".

Asimismo, la Cámara vasca también acordaría "los principios democráticos establecidos para la aceptación de los resultados y el procedimiento habilitador para su negociación e incorporación en el ordenamiento jurídico".

Dada la actual configuración del Parlamento autonómico, en la aprobación tanto del Acuerdo para la Normalización como del referéndum tendría un papel trascendental el Partido Comunista de las Tierras Vascas, dos de cuyos diputados facilitaron la investidura de Juan José Ibarretxe la pasada semana.

NEGOCIACIÓN CON ETA

Además de lo referido a la consulta popular, el documento de la coalición que respalda al "lehendakari" ratifica su compromiso con el llamado "plan Ibarretxe" y muestra su intención de llevarlo a la práctica.

Además, el "tripartito" vasco apunta que pretende abordar "la resolución del conflicto político de naturaleza histórica que sufre el pueblo vasco" mediante "el diálogo y la negociación sin exclusiones entre todas las posibilidad políticas presentes en la sociedad vasca como base esencial para la normalización política".

Al mismo tiempo, tras instar a ETA a que manifieste "de forma clara e inequívoca, su firme voluntad de poner fin definitivamente a la utilización de la violencia para conseguir fines políticos", las formaciones que apoyan a Ibarretxe muestran su respaldo a "los procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado" y la banda terrorista.

Otros aspectos del programa de gobierno de PNV, EA e IU-EB son reclamar la derogación de la Ley de Partidos e instar al Gobierno central a cambiar la política penitenciaria, en la línea de realizar hacia este colectivo "todos los gestos de humanización y de reconciliación que sean precisos para desterrar definitivamente la violencia de nuestras vidas".