En una rueda de prensa conjunta, CiU y PNV instaron a los ejecutivos catalán y vasco a que recurran la norma ante el Tribunal Constitucional una vez sea aprobada, si éstos y el resto de aspectos por los que se oponen a ella no se modifican en el trámite parlamentario.

La senadora del PNV Inmaculada Loroño dijo que el texto reconoce y genera un derecho subjetivo a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que, sin embargo, "no se ve plasmado ni garantizado" en el articulado de la norma.

Loroño hizo también referencia al problema derivado de las desigualdades en el trato a las personas con discapacidad, pues, aseguró, "la ley no reconoce a numerosas personas con dependencias de carácter leve o moderado", por lo que "si no se adoptan medidas, sufrirían un claro retroceso en su autonomía personal".

En este sentido, la senadora subrayó que la norma "debe atender por igual a todas las personas con dependencia", independientemente de su edad y del tipo u origen de la discapacidad que genera su situación.

Igualmente, Loroño afirmó que "el proyecto de ley invade y delimita el ejercicio competencial de una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, como es la asistencia social".

"LEY ANTICUADA"

Por su parte, el senador de CiU Jordi Casas estuvo de acuerdo con Loroño en este último punto y dijo que la norma "invade competencias no ya del nuevo Estatuto de Cataluña, sino también del anterior".

"Más allá de no respetar los ámbitos competenciales", aseveró Casas, la ley "es anticuada y de una izquierda caducada, en la que el Estado tiene que resolver todo".

Además, continuó, margina a las familias, pues "no permite su libertad de elección" al no dejarles "elegir qué servicio quieren para sus allegados", y a los enfermos mentales. Del mismo modo, agregó, "no resuelve el problema financiero", al "discriminar a las clases medias" y al no tener en cuenta los distintos niveles de vida que hay en las diferentes comunidades autónomas.

Es, insistió Casas, una ley "caducada con mentalidad estatalista, que margina también a las empresas privadas y sin afán de lucro que han luchado" por favorecer a las personas que más lo necesitan desde hace años.

Por todos estos motivos, el senador de CiU instó al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a que recurra la ley ante el Tribunal Constitucional cuando sea aprobada, si los aspectos mencionados no se corrigen en su tramitación.

Si no lo hace, Casas aseguró que lo hará su grupo, siempre que considere que la norma no respeta la autonomía de las personas e invade competencias autonómicas.

En la misma línea, la senadora Loroño opinó también que, en su caso, debería ser el Ejecutivo vasco quien recurriera la norma, si bien reconoció que el Gobierno autonómico "nunca ha llevado ante el constitucional cuestiones por principio".