Para la PMP, se ha logrado dar un “importante paso adelante” para su principal reivindicación: la “urgente necesidad” de un nuevo marco normativo que proteja “adecuadamente” los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que conlleve que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal hasta su transición a la banca digital.

Las enmiendas transaccionales aprobadas, que se incluyen en el proyecto de Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, entrarán en vigor en un plazo de tres meses. No obstante, la PMP afirma que continuará trabajando y manteniendo reuniones con representantes políticos e instituciones para que todas las medidas tomadas sean evaluadas durante su proceso de implantación, realizando un seguimiento para su real efectividad.

Según reitera la plataforma, se requieren actuaciones concretas reguladas a través de un marco legal, el cual debe obligar a las entidades a mejorar la atención de las personas mayores, al mismo tiempo que contemplar un cuadro de infracciones y de posibles sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en la nueva norma.