En este sentido, la PMP señaló que son múltiples las casuísticas que pueden producirse que lleven a las personas mayores a este tipo de situaciones o a la larga ocupación de camas hospitalarias y retrasos de altas por motivos no médicos. Recalcó que se trata de un fenómeno complejo, con diversas facetas, que “desgraciadamente cada vez es más frecuente”, como se pudo observar con mayor crudeza durante la pandemia, y que no responde a única intervención, sino que debiera abordarse en el marco de la coordinación sociosanitaria, tal y como ha venido reclamando la Plataforma.

Por este motivo, la PMP incidió en la necesidad de un modelo de coordinación y no de integración de sectores, que ponga su enfoque en trabajar armonizando todos los niveles de actuación allí donde se encuentre la persona, sea mayor o no, que requiera atención sociosanitaria.

Para alcanzar ese objetivo el primer paso es conocer la situación actual y, por ello, la PMP consideró “muy oportuna la iniciativa del Defensor del Pueblo, aunque ya disponemos de datos suficientes para saber que son necesarias importantes reformas e inversiones en el Sistema Nacional de Salud y el sistema de servicios sociales”. En este sentido, recordó que “España destina una cantidad escandalosamente baja a cuidados de media y larga estancia” (menos de un 1% del PIB), en comparación con países de nuestro entorno en la Unión Europea como Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca o Noruega.

Finalmente, la PMP reivindicó respuestas coordinadas que promuevan una integración funcional de las intervenciones. Todo ello pasa por implementar equipos multidisciplinares integrados en la comunidad; contar con objetivos comunes y alineados; intercambiar datos entre los sistemas de atención implicados; realizar evaluaciones desde una perspectiva que contemple las necesidades sanitarias, funcionales y sociales de la persona; o la realización de visitas domiciliarias de seguimiento conjuntas.