Durante el debate del dictamen elaborado por la comisión de investigación, los votos socialistas impidieron que prosperaran todas las enmiendas de la oposición, que exigían que el texto contemplara de forma explícita la responsabilidad política del ex presidente de Renfe.

El Grupo Socialista sólo accedió a incluir una enmienda transaccional a otra de CiU, que señala que "la acuación de la que responde García Valverde queda limitada" al nombramiento de su asesor inmobiliario y al hecho de haber ordenado a la filial Equidesa la ejecución de la operación.

No obstante, la enmienda elaborada por el PSOE no deja pie a mayores concesiones y precisa: García Valverde no tuvo conocimiento "en ningún momento de las circunstancias concretas en que se produjeron las actuaciones, ni fue informado -por ninguno de los responsables- de las anomalías de las mismas".

La "jugada" más sigificativa fue la de los nacionalistas vascos y catalanes. Tanto PNV como CiU exigieron inicialmente que se contemplara de forma taxativa en el dictamen la responsabilidad política de García Valverde, y, de hecho, defendieron hasta el final sus respectivas enmiendas en este sentido.

Sin embargo, ambos grupos, junto al "mixto" Luis Mardones, votaron al final a favor de la transaccional que les propusieron los socialistas.

"Puede haber sido un acuerdo 'a la baja'", se justificó el portavoz de CiU, Slvador Sedó, "pero si no aceptábamos esta transaccional, el documento no iba a contemplar en ningún momento la responsabilidad política de García Valverde".

IRREGULARIDADES

El dictamen aprobado hoy por el pleno de la Cámara Baja considera demostrado que las Administraciones competentes estaban de acuerdo en la operación de compraventa de terrenos en San Sebastián de los Reyes.

También recoje que el ex ministro de Transportes José Barrionuevo, el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Legina, y el ex consejero de Política Territorial Eduardo Mangada no tuvieron conocimiento en detalle de la ejecución de la operación.

El informe destaca, asimismo, las "significativas irregularidades" detectadas en la ejecución de la compraventa de terrenos, de las que sólo responsabiliza a los agentes intermedios.

Con los votos a favor de todos los grupos, el dictamen también considera necesario enviar toda la documentación recabada por la comisión de investigación al fiscal que examina las posibls responsabilidades penales del caso.

El debate en pleno del dictamen del "caso Renfe" se prolongó durante cuatro horas. Al hemiciclo asistieron once ministros, el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, y el presidente del PP, José María Aznar, entre otros líderes políticos.

La discusión sobre la responsabilidad política del ex ministro de Sanidad centró la mayor parte del debate. Cada uno de los portavoces reiteró las tesis mantenidas desde el inicio de los trabajos de la comisión, el asado 27 de diciembre.

TRABAJOS ENSUCIADOS

El representante socialista, Jenaro García Arreciado, recalcó que la única responsabilidad de García Valverde fue de carácter "empresarial" y se mostró satisfecho porque, al final, el PP no ha conseguido su propósito de "ensuciar" los trabajos de la comisión.

El portavoz del PP, Felipe Camisón, insistió en que la operación de San Sebastián de los Reyes fue "un monumento al fraude fiscal", tramado desde los "despachos socialistas".

Camisón llegó a ecir que los obstáculos puestos por el PSOE a la hora de estudiar los informes remitidos a la comisión deberían haber obligado a prorrogar en seis meses más los trabajos de la comisión.

Jerónimo Andreu, de Izquierda Unida, destacó la "opacidad" de la operación y habló de "contradicciones flagrantes" en las declaraciones de los altos cargos que han comparecido en la comisión.