La enmienda se rechazó con seis votos a favor, dos abstenciones y 322 en contra de la misma, gracias a los votos, entre otros, de PSOE, PP, CiU y PNV.

La norma modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil para impulsar el desarrollo del mercado del alquiler. Además, introduce cambios en la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar actuaciones que mejoren la eficiencia energética de los edificios.

En el caso de la Ley de Arrendamientos Urbanos se amplían los supuestos en que no procede la prórroga obligatoria del contrato. Así, se extiende a aquellos casos en que el arrendador tenga necesidad de ocupar la vivienda para sus familiares en primer grado.

En la Ley de Enjuiciamiento Civil las modificaciones van en la línea de mejorar y agilizar los procesos de desahucio, salvaguardando en todo caso los derechos y garantías que protegen al inquilino de buena fe.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró que el proyecto de ley consigue un "equilibrio entre los derechos de los arrendadores y los arrendatarios" y "ofrece soluciones razonables" para ambas partes en el caso de conflictos.

Por su parte, el diputado de ER-IU-ICV Joan Herrera defendió la enmienda a la totalidad porque la ley "tiene sobre todo inconvenientes" y puede llevar a un "incremento notabilísimo de la exclusión y la pobreza".

El portavoz de Vivienda de CiU, Pere Macias, mostró su rechazo a la enmienda y consideró que la propuesta del Gobierno es un texto de referencia que "ya perfeccionaremos en el trámite de las enmiendas". Macias aprovechó la ocasión para destacar la necesidad de un parque público de vivienda en alquiler.

En el mismo sentido se manifestó desde los escaños del PP, su portavoz de Vivienda, Pablo Matos, quien quiso recordar que el PSOE hace hoy "lo mismo" que su grupo propuso hace ya tres años, y apuntó que en ese momento lo rechazaron porque "estaban instalados en el talante y la demagogia".

Mientras, la diputada del PSOE Ana Fuentes insistió en que se quiere "fomentar" el alquiler y hace efectivo el derecho a una vivienda digna, sobre todo en el marco de una coyuntura económica adversa.