En declaraciones a Servimedia, Galván advirtió de que la norma, “si se aprueba en los términos actuales”, supondrá “un retroceso terrible” en la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, muchas de las cuales trabajan en centros específicos.

Afectará de forma muy grave a un colectivo que presenta una tasa de actividad muy baja y un desempleo mucho mayor que la media, y agregó que “en un momento como el actual”, reducir las bonificaciones a los Centros Especiales de empleo “es simplemente sangrante”.

Este anteproyecto elimina la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, cuya plantilla por ley debe superar el 70% de personas con discapacidad.

Solo para los contratos de carácter indefinido se establecen unas bonificaciones lineales, iguales que las que se aplican a las empresas ordinarias. Sucede lo mismo con el Grupo Social ONCE, que contaba con esta bonificación desde 2012 para las personas con discapacidad.