Se trata de una batería de demandas con cambios legislativos y normativos que, según Plena inclusión, el próximo Gobierno debería asumir.

En nota de prensa, la federación destacó que "queda mucho camino para que España recoja en su legislación todos los avances que proclama la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad".

“El adelanto electoral ha paralizado procesos legislativos que deberían reactivarse para garantizar mejoras en los derechos de las familias y menores con discapacidad, y también para las personas con grandes necesidades de apoyo o para aquellas que deciden vivir una vida de forma independiente”, señaló Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España.

Entre otras propuestas, pidió garantizar una atención temprana universal y gratuita y acabar con las listas de espera, desarrollar estrategias de impulso de la educación inclusiva, reforzar los apoyos a mujeres y niñas con discapacidad, impulsar un Plan de derechos sexuales y reproductivos para este colectivo, y potenciar y dotar de recursos a la Asistencia Personal.

Asimismo, reclamó el desarrollo de la figura del facilitador procesal, el refuerzo del empleo público para personas con grandes necesidades de apoyo, y unos presupuestos que compensen los sobrecostes y mejoren la financiación de los servicios que ofrecen las entidades sociales, a fin de asegurar su sostenibilidad.

Por último, señaló la necesidad de contar con más apoyos a la maternidad y la paternidad, desarrollar el perfil profesional de validador y evaluador de accesibilidad cognitiva, y apostar por la vida independiente y desinstitucionalización.